El poder es un privilegio. El régimen del 78 fue un acuerdo de apariencia en el que los herederos del franquismo aceptaban ceder parte de sus intereses siempre y cuando se jugara con sus normas, ellos las marcaban y se reservaban a cambio de dejar pasar a las instituciones los centros de poder paraelectorales. La judicatura, los servicios de inteligencia, el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. El poder duro, el poder con el que se permite mantener privilegios y dinero, el poder con el que podrían volver al lugar divino y original que emanó de la victoria de 1939 en el caso de que la democracia no sirviera a los intereses de la oligarquía. El juego de apariencias ha saltado por los aires con la decisión de la élite reaccionaria del Tribunal Constitucionalpara amordazar una de las cámaras de la soberanía popular porque la negociación política que dictaron las urnas no ha gustado a esas élites de herederos posfranquistas. El poder no se reparte con rojos y separatistas, por mucho que lo digan las urnas.

Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, expresó con total claridad cuál era el problema troncal que impedía que la derecha cumpliera con la ley y con la Constitución. Se agradece escuchar tan claro, sin complejos, lo que llevamos años denunciando desde los márgenes de la izquierda mientras se nos llamaba antisistemas y radicales por expresar de forma pública la estrategia soterrada de la derecha. El subdirector de El Mundo explotó uno de sus habituales abscesos de sinceridad involuntaria en Al Rojo Vivo y lo expresó de forma diáfana: "En el año 1985 cuando el gobierno con mayoría absoluta de Felipe González cambió la forma de elección de los jueces, eso fue declarado constitucional y llevamos cuarenta años funcionando así. Pero al introducir ese cambio y poner en los partidos políticos todo el peso de la negociación tienes que presuponer que hay una confianza negociadora entre los dos grandes partidos para poder hacerlo. Yo no voy a negar el bloqueo del PP, es una evidencia porque el sistema está viciado, lo que no tiene precedentes, lo que no pensó jamás el constituyente al hacer este sistema es que se podía llegar a gobernar España con partidos, no PP y PSOE, sino con partidos que son enemigos del propio sistema. El PSOE y el PP son dos pilares fundamentales, pero ERC, Podemos y Bildu, no son partidos del sistema, sino enemigos del propio sistema, y eso retrae al PP".

No me digan que no lo ha dejado claro. Si es que así no es necesario que expliquemos nada los demás. La ley estaba hecha para cuando gobernaban PP y PSOE, así que si hay otros partidos a los que vota el pueblo pues la derecha secuestra la democracia. La derecha decide quiénes son enemigos, quiénes merecen gobernar independientemente de lo que decidan los votantes y cuando el pueblo vota mal la derecha activa todos aquellos resortes de poder que se habían guardado en exclusiva para que la izquierda, los enemigos del sistema, no puedan llevar a cabo sus legítimas ideas políticas. No lo digo yo, lo ha dicho el subdirector de El Mundo, el diario que da órdenes a Alberto Núñez Feijóo.

El Tribunal Constitucional ha enterrado toda su credibilidad si es que mantenía alguna, un tribunal de clase, reaccionario y de parte que no sirve a la ley sino a los intereses de su jefe ideológico, que es el PP, los seis vocales conservadores deben pleitesía absoluta al partido que les ha nombrado y la ley solo es un artificio para tomar decisiones que se han tomado previamente por Feijóo. El PP toma una decisión política y sus siervos en el Tribunal Constitucional no tienen más que retorcer la ley para ajustar la sentencia a esa decisión. El delirio ha llegado al punto de que el recurso de amparo del PP iba dirigido a una decisión de la mesa del Congreso de los Diputados y los seis mayordomos de la derecha han paralizado una votación en el Senado. No se molestan en disimular algo que sus decisiones no tienen nada que ver con preceptos judiciales. Los seis jueces que envidiaban a Pavía han hecho honor al cometido para el que fueron nombrados.

La izquierda tiene la democracia cercenada. No juega con las mismas reglas y no tiene acceso a ciertos lugares de decisión que la derecha mantiene en propiedad exclusiva. Estamos en un estado de derecho privatizado en el que una élite mantiene en el registro mercantil las escrituras del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La decisión antidemocrática de seis parásitos judiciales al servicio del PP nos ha robado la soberanía popular. La gravísima coyuntura al menos tendría que servir para que el PSOE saliera de una vez por todas de ese búnker de Estado en el que se mete cada vez que sus socios intentan profundizar en reformas democráticas que inciden en el desmantelamiento de un Estado privado que solo sirve a unos pocos. El PSOE es la bisagra que mantiene esos resortes antidemocráticos a salvo de la decisión de las urnas, ojalá despierte.