Hay partidos que se llenan mucho la boca de España, gente que mide su patriotismo por el tamaño de su bandera, pero debe aclararse si ha habido ancianos españoles de primera y de segunda categoría, que murieron por coronavirus según la comunidad donde les tocó, por tener seguro privado o no y en función de su grado de discapacidad o dependencia, que impidió que fueran derivados desde su residencia de mayores a un hospital público en Madrid. Hay ancianos que tenían sanidad privada y sí lograron salir del geriátrico para salvar su vida en un hospital privado, según cuenta hoy El País.
Mientras Ayuso se hacía fotos en el hospital de Ifema como si fuera Disneylandia, había ancianos muriendo en el tren de los horrores de las residencias, porque no les aceptaban en los hospitales públicos. La presidenta madrileña nos dijo que "Madrid ayudó a espabilar a España", pero su gobierno dio orden de no atender en los centros hospitalarios a viejos con determinadas discapacidades y dependencias, según han destapado varios medios, como Infolibre. Algo indigno y discriminatorio, según el Consejero responsable de geriátricos.
Pilar murió en una de esas residencias privatizadas, financiadas con dinero público, pero gestionada por una empresa que opera en paraísos fiscales. Mucho beneficio económico, pero escasa asistencia médica. No había personal sanitario en el geriátrico para afrontar la entrada del coronavirus. Los trabajadores, precarizados en los últimos años al mismo tiempo que la empresa ganaba cada vez más, hicieron lo que pudieron o supieron, pero no lograron salvarle la vida a Pilar. No estaban contratados, ni preparados para hacer de médicos.
Begoña nunca olvidará las llamadas desesperadas a la residencia para saber qué era de su madre. Los empleados del geriátrico tampoco olvidan que en el hospital no atendieron sus llamadas de desesperación. Pilar murió sin su familia y sin la ayuda médica debida en un país en el que trabajó hasta que sus huesos no pudieron más. Mientras, Ayuso nos hablaba del milagro de Ifema, pero nos ocultaba el calvario vivido por miles de ancianos en las residencias. La guerra entre el consejero de geriátricos de Ciudadanos y el de Sanidad del PP ha arrojado algo más de luz, pero debe aclararse totalmente lo ocurrido.
En el Gobierno de Ayuso primero nos dijeron que esa orden para no derivar a determinados ancianos desde las residencias a los hospitales era un borrador. Luego, reconocieron que era un protocolo, pero aseguraron que fue enviado por error. Supimos que la orden de un alto cargo político de la consejería de Sanidad se envío. En definitiva, se ha faltado a la verdad y faltó la asistencia médica debida. Cuando Ayuso se ponía al frente de la manifestación acusando al Gobierno central de "caos", estaba gestionando las competencias sanitarias en Madrid con hospitales desbordados que no admitían a determinados ancianos.
Después de tantos años de recortes y privatizaciones, la crisis del coronavirus pilló al gobierno madrileño superado por la situación. Ahora, sabido en parte lo ocurrido en las residencias, ¿qué se puede hacer? Pues echarles la culpa a los comunistas. Ayuso ha pedido el comodín de Pablo Iglesias, cuando todos sabemos que las competencias de los geriátricos, igual que las sanitarias, son de las comunidades autónomas. El PP ha repartido argumentarios y hasta la FAES de Aznar ha salido en tromba para hacer algo que Rafael Hernando afina: la culpa es "del Coletas".
Ayuso nos dijo que cuando todo esto pasara, las manifestaciones de Núñez de Balboa nos iban a parecer una broma. Efectivamente, suenan a chiste comparadas con esas familias movilizadas para exigir justicia y explicaciones por tantas muertes en las residencias que la presidenta madrileña debe aclarar. No merecían acabar tirados en un geriátrico sin la asistencia médica debida y siendo un número más de un balance de los horrores. No tenían seguro privado, pero son ancianos que trabajaron y contribuyeron para sacar adelante esta España con la que algunos tanto se llenan la boca.
