No hay que ser economista para saber que, en una cuantas zonas de España, pueden llegar a exigirte 1.200 euros por alquilar una vivienda media para vivir, mientras que tu sueldo apenas te saca de mileurista. No salen las cuentas. Imposible hacer un proyecto de vida. Lo extraño es que no haya habido un estallido social. La gente recibe ayuda familiar o hace malabares para tirar hacia adelante. Está escrito que la vivienda digna es un derecho constitucional, pero no se cumple.
En la otra cara de la moneda, aquí se forran con el ladrillo hasta los curas. Vean, por ejemplo, estas operaciones que contaba ayer El País: "El Arzobispado de Madrid vendió 14 inmuebles por 74 millones de euros a 14 sociedades opacas. La mitad los cobró por transferencia de un banco luxemburgués. La Iglesia también enajenó una parroquia y la residencia de ancianos Santísima Virgen y San Celedonio. Comprará un solar por 48 millones para seguir el negocio inmobiliario. Casi 400 familias han sido perjudicadas".
Hay hasta obispos que han pedido rezar por este Gobierno de rojos, pero con el ladrillo tienen su propio cielo en la tierra. Hay más sectores que abusan con las casas de la gente, pero rara vez les paran los pies. Ahora, el Gobierno, entre Venezuela y seguir rompiendo España, ha anunciado una nueva normativa para limitar los precios del alquiler en zonas con subidas desorbitadas. Ayuntamientos y comunidades podrán hacerlo. En Madrid, los alquileres han subido un 40% desde 2013, pero la Comunidad y el consistorio madrileños, gobernados por la derecha, han salido inmediatamente a asegurar que no lo aplicarán.
Por ahora, España no se ha roto, pero problemas como el acceso a un techo para vivir sí rompen la salud de la gente. En toda la OCDE, las familias de nuestro país son las que dedican el mayor porcentaje de sus ingresos a la vivienda. Al mismo tiempo, los precios suben continuamente, las burbujas inmobiliarias son un clásico, los pelotazos urbanísticos también y somos pasto de buitres y especuladores, a quienes muchos patriotas de pulsera les besan los pies, porque en estos casos vienen de fuera pero con la cartera llena. Eso sí, estamos ante el típico sector donde nos dicen que no hay que hacer nada, porque se llevarían el dinero, sería peor y bla, bla, bla.
En otros países, se aplican normativas porque el derecho a una vivienda digna hay que protegerlo y tener casa se ha convertido en un grave problema social. Hay limitaciones a las subidas de precios, mientras que aquí, en España, el boom turístico es un motor económico, pero no se protege al mismo tiempo a quien debe tener un techo como una necesidad básica. Y eso que ya tenemos más desahucios por impagos del alquiler que de hipoteca. Al mismo tiempo, ni siquiera hay un índice oficial de precios, que están publicando determinados portales inmobiliarios que, lógicamente, tienen intereses en el sector.
En este mundo globalizado, donde los poderosos tienen cada vez más poder y dinero, donde el pez grande se come al chico y raramente se empacha, a veces la política parece invadida por el servilismo y las palabras huecas, enfrentamientos ante las televisiones y demasiado postureo. Mientras, hay una España real, de carne y hueso, con millones de personas que las pasan canutas para llegar a fin de mes o, simplemente, para tener una casa. Pero vaya, que solo hay que salir a la calle para verlo y oírlo, más aún por determinados barrios. En estos tiempos donde algunos miden el patriotismo por el color de su pulsera, podrían empezar a medir el "constitucionalismo" por su grado de cumplimiento. El derecho a una vivienda digna es un buen punto para recordar que las casas no se empiezan por el tejado, ni por colocar la bandera.
