A fuerza de repetirse, hay sucesos que parecen perder su condición de noticias. Los lectores y los espectadores comienzan a fatigarse y los responsables de los medios ponen su mejor cara de hartazgo cuando alguno de sus entusiastas periodistas quiere vender una de estas noticias para que ocupen un espacio destacado. Desde hace un tiempo pasa con todo lo que tiene que ver con la lucha contra la droga y el crimen organizado: otro alijo, otro barco, otra organización desmantelada… Son respuestas comodín para minimizar –en el mejor de los casos– o descartar el tema. Como los malos no le hayan echado imaginación y cuenten con un submarino o un dron para introducir su mercancía, vender la noticia se convierte en algo muy complicado.
Esta fatiga hace posible que pasen inadvertidas noticias como la que saltó la semana pasada: la Policía y la Guardia Civil desmantelaron una red de delincuentes que, con base en la Costa del Sol, nutría el mercado de drogas de varios países europeos, entre ellos Polonia y Suecia. Leyendo con detenimiento la nota de prensa que daba cuenta de la noticia, uno podía enterarse de que la red traficaba con pastillas de opiáceos –55.000 unidades les intervinieron–, los fármacos que en Estados Unidos tienen el estatus de plaga y que han matado a miles de personas. La lectura también permitía saber que la red contaba con armas y munición de guerra –incluidas granadas–, que empleaban camiones de mudanza para transportar droga y que blanqueaban millones de euros en propiedades inmobiliarias de la Costa del Sol, reventando así el mercado local y haciendo un enorme daño a la economía de la zona. Todo esto y la presencia entre los detenidos del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella convertían la operación en algo muy noticiable, pero que pasó inadvertido para muchos medios.
Hay unos cuantos periodistas, como Juan Cano o Álvaro Frías desde el diario Sur, que llevan mucho tiempo advirtiendo del deterioro de la Costa del Sol, cada día más cerca de volver a convertirse en la Costa del Crimen, tal y como la bautizaron hace dos décadas los tabloides británicos. Los agentes que trabajan en la zona ya no se sorprenden de casi nada: “Cuando regresas a casa por la noche, solo la gente con la que te cruzas permitiría abrir un par de operaciones”, caricaturiza un policía que lleva años luchando contra el crimen organizado en la Costa del Sol. Los veteranos ni se inmutan cuando en un registro hallan armas de guerra, en un velero una tonelada de droga o entre los efectos intervenidos a un capo de la droga, fotografías de él con alcaldes o empresarios locales. Los grandes delincuentes cuentan ya con una arraigada legitimidad social.
La Costa del Sol es ahora mismo, no el refugio, sino la base de operaciones de organizaciones criminales rumanas, búlgaras, albanesas, rusas, letonas, lituanas, estonias, suecas, noruegas, danesas, polacas, serbias, francesas, inglesas, italianas, holandesas… Son clanes poderosos, con armas y dinero para blanquear en la Costa malagueña. “Aquí –resume un investigador– se negocia el hachís, la marihuana y la cocaína que se vende en toda Europa”.
Las ejecuciones que hace un par de años hicieron que se disparasen las alarmas no se han vuelto a repetir, pero eso no es un indicador fiable para diagnosticar el estado del crimen, según los agentes que trabajan allí: “No hay violencia porque hay negocio para todos. Aquellos asesinatos respondían a veces a venganzas de hechos cometidos lejos de España o a vuelcos. Eso sí, si las organizaciones creen necesario volver a usar la violencia, lo volverán a hacer. Tienen armas para ello”.
El GRECO de la Costa del Sol –dependiente de la Brigada Central de Crimen Organizado– la UDYCO de la Costa del Sol y la Guardia Civil pelean contra esas poderosas redes con una mano atada a la espalda. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015 exige el control judicial a la hora de balizar un coche para poder seguirlo a distancia o de colocar dispositivos de escucha en un vehículo. Las fuerzas de seguridad ya no pueden emplear estos métodos para acumular información previa a la judicialización. Los legisladores se lo han puesto demasiado fácil a las organizaciones criminales. Las consecuencias se pueden ver dando un paseo por la zona. Bienvenidos, otra vez, a la Costa del Crimen.
