Alejandra García Peregrino asesinó a Dominique, un niño de ocho años, hijo de acogida de su pareja. Así lo dictaminó un jurado popular y así lo dice el apartado de hechos probados de la sentencia del presidente del tribunal, que la condenó a prisión permanente revisable. El crimen se ajusta perfectamente a uno de los supuestos que el legislador estableció para aplicar la máxima pena de nuestro Código Penal, que garantiza al reo un mínimo de veinticinco años en la cárcel: el asesinato de un menor de dieciséis años. El año 2019 acabó con quince condenados a prisión permanente revisable y al acabar 2020 estaremos cerca de la veintena.
La ley comenzó a aplicarse en 2015, con el Partido Popular en el Ejecutivo, y David Oubel, el padre que asesino a sus dos hijas en Moaña (Pontevedra) degollándolas con una sierra radial, fue el primero de una lista que de momento cierra Alejandra García. En ella hay hombres y mujeres que han cometido hechos atroces: Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz; Rubén Maño, un joven que violó y mató a Vanessa Ferrer, una chica de quince años; José Enrique Abuín, el autor del crimen de Diana Quer; Iván Pardo, que torturó hasta la muerte a la pequeña Naiara… Todos ellos están a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso contra la reforma del Código Penal que hace posible la prisión permanente revisable que presentaron todos los partidos que formaban entonces la oposición, encabezados por el PSOE, hoy al frente del Gobierno. Igual que ha hecho con otras leyes, la formación socialista pudo derogarla (cuenta con mayoría sobrada para ello), pero los estrategas del presidente han debido de echar un vistazo a los crímenes castigados con esa pena y han preferido esperar a que el Constitucional, que en cinco años ni siquiera ha empezado a debatir el recurso, se pronuncie.
Juan Carlos Quer, el padre de Diana, ha hecho del mantenimiento de la prisión permanente revisable una causa. Llevó al Congreso más de tres millones de firmas y clama por su necesidad allí donde puede. Supongo que lo mismo pensarán los padres de Gabriel Cruz, la madre de Naiara o la de Dominique. Todos ellos son víctimas de crímenes terribles y nada reparará su pérdida. Tienen la legitimidad moral para pedir el castigo más duro.
La edad, las vivencias y las lecturas me han vuelto escéptico con las iniciativas populares y con las voces que aseguran hablar en nombre del pueblo o, últimamente, de la gente, especialmente en materia penal. España cuenta con un elenco de acreditados juristas repartidos en nuestros más altos tribunales que deben decidir sobre la idoneidad y el ajuste a nuestra Constitución de esa y de todas las demás leyes. Otra cosa es su nivel de intoxicación política, nunca suficiente para los gobiernos de cualquier color, empeñados en acabar con la división de poderes. Además de escéptico, la experiencia y la edad me han llenado de dudas. Tengo pocas certezas y desconfío de las personas que están seguras de todo. No tengo una opinión sólida sobre la prisión permanente revisable: sí sé que hay crímenes para los que no encuentro reproche penal suficiente en el Código Penal; sé que hay criminales que no tienen reinserción posible y la casuística criminal está plagada de ellos. Pero me cuesta decidir a cuáles de ellos les negaría la oportunidad de volver a la sociedad tras muchos años en la cárcel. Tengo la enorme fortuna de no haber sido víctima de crímenes como los cometidos por los condenados a prisión permanente revisable y de no haber perdido un hijo sacrificado en aras de una Euskalherria libre o en nombre del Islam. De haber sido así, lo tendría mucho más claro.