El cannabis está sobre el tablero político. Dice Íñigo Errejón (Más País) que no se puede dar la espalda a la realidad, que España fuma maría y que algo habrá que hacer para que las mafias dejen de enriquecerse y para que la gente pueda consumir tranquila y segura, sin miedo a ser multado o a fumar orégano. Errejón defendió desde la tribuna del Congreso una bienintencionada ley para regular la venta, el consumo y la fiscalidad del cannabis. La normativa propuesta por Más País –Más Hachís, según Vox, partido que necesita urgentemente nuevos redactores de discursos con ingenio más afilado– contempla que los impuestos del THC servirían para regar con millones de euros la sanidad pública; los consumidores podrían cultivar sus propias plantas –dentro de un orden– y no depender de esa gente tan poco formal que son los camellos; y los clubes cannábicos saldrían del limbo legal en el que están ahora y España se convertiría en el nuevo Amsterdam.
La iniciativa de Más País tuvo enfrente a la derecha y al PSOE, que no ve clara la regularización, ni siquiera con fines terapéuticos, tal y como propone el PNV. En la centenaria formación aún pesa mucho la escabechina provocada por otra droga –la heroína–, que diezmó a un par de generaciones.
Lamento defraudar, una vez más, a los que buscan certezas en mis palabras. Tampoco en esta materia las tengo. No sé si la legalización –creo que sería más correcto hablar de regularización para que en el imaginario colectivo desterremos la imagen de los márgenes de la A-3 sembrados de plantas de maría– serviría para contener a los grupos criminales que han convertido ya el cannabis en su principal y más fructífera actividad: en 2019 se intervinieron en nuestro país un millón y medio de plantas y se detuvo a trece mil personas. A cada una de ellas, los traficantes le sacan un rendimiento de unos cuatrocientos euros. España –principalmente Andalucía y Cataluña– es ya un gran productor de cannabis y las organizaciones criminales que lideran el mercado manejan tanto dinero que pueden comprar voluntades de agentes de la ley y de políticos. Además, el tráfico de esta droga va acompañado de muchos delitos conexos, desde la trata de seres humanos a la falsedad documental, pasando por el tráfico de armas y los robos con violencia.
La tormenta perfecta está en marcha. Y si alguien no la detiene seguirá creciendo: muchos hablan –hasta desde la tribuna del Parlamento– de las bondades del cannabis mientras las organizaciones criminales lo siguen cultivando y enriqueciéndose con él y nuestro ordenamiento jurídico castiga con penas muy laxas a los traficantes.
