Llega el último día de la campaña del 23J con el escenario político y electoral al rojo vivo. No en vano, no solo está en juego el proyecto económico que dictaminará el camino a seguir de España en Europa y el resto del mundo; también, un modelo de convivencia que podría marcar un antes y un después en la lucha por los derechos conquistados y los avances sociales. Conscientes de ello son los dos bloques que llevan semanas (en realidad, meses y hasta años) disputándose el Gobierno, el de la izquierda progresista, conformado PSOE y Sumar, y el de la derecha con ideas ultraderechistas, conformado por el Partido Popular y Vox.
En el centro, un importante grueso de votantes aún indecisos (entre el 10% y el 20% del electorado) que mantienen suspendidos en el aire los resultados, y a quienes los candidatos dirigen ahora todos sus esfuerzos. Pedro Sánchez (Getafe, feudo socialista), Yolanda Díaz (anfiteatro del parque Tierno Galván) y Santiago Abascal (Plaza de Colón) han elegido Madrid para cerrar el circuito electoral previo a la llamada a las urnas, mientras que Alberto Núñez Feijóo ha planteado un doblete, entre Málaga y Coruña, para poner fin a una de las campañas más tensas, agresivas y llena de mentiras y polémicas aseveraciones.
Ahora mismo, los sondeos dan al PP una estimación de voto de entre el 32,9% y el 37,2%, lo que garantizaría al partido de Núñez Feijóo alcanzar la Moncloa de la mano de Abascal. Tan solo el CIS, de entre las grandes encuestas, mantiene al PSOE con posibilidades de reeditar el pacto de Gobierno con las formaciones aglutinadas a su izquierda. Aun así, el optimismo no decae entre los progresistas, sabedores de la fuerza adquirida en el último tramo de campaña marcando el ritmo de la agenda y aprovechando los tropiezos y los datos falsos esgrimidos por Núñez Feijóo, a quien parece que este 23J se le ha hecho demasiado largo.
Desde el 'cara a cara' que mantuvieron el líder del PP y el del PSOE, de los más broncos y con más ruido que se recuerdan, el candidato de los populares no ha conseguido afianzar del todo la buena posición de la que partía, tal y como indicaban las encuestas, al inicio de la carrera electoral. Quizá por ello, ha evitado evaluar hasta la saciedad las consecuencias de formar un gobierno con la ultraderecha (desviando la atención de lo que ya está aconteciendo a nivel municipal y autonómico en los ejecutivos que comparten con Vox) y no ha dudado en difundir datos falsos que finalmente se le han vuelto en contra, como la cuestión de las pensiones o el caso Pegasus.
Feijóo, entre los fantasmas de su pasado y su futuro
Sobre la candidatura de Feijóo también han pesado su ausencia del debate a tres y sus propuestas más polémicas; como la reforma de la ley del aborto, planteando que sea un juez quien decida si una menor tiene derecho a interrumpir su embarazo, o como la ley de eutanasia, sobre la cual llegó a apuntar que si uno cae enfermo, le pueden practicar la eutanasia contra su voluntad. A Feijóo también le ha acabado pasando factura su propio pasado a propósito de la relación que mantuvo con el narcotraficante Marcial Dorado. Tanto Sánchez como Díaz le han preguntado insistentemente por esta cuestión en las últimas horas.
El socialista ha llegado a calificar de "inquietante" este vínculo, mientras que la candidata de Sumar le ha recordado que "las madres que luchan contra la droga siguen exigiendo conocer la verdad". Así las cosas, el presidente de los populares ha intentado salvar los muebles en todas estas cuestiones, en su mayoría redirigiendo las preguntas de los medios hacia ataques de todo tipo contra Pedro Sánchez. A destacar, que el aún presidente del Gobierno adelantara las elecciones al 23 de julio, denunciando que estas se celebrarían bajo temperaturas extremas, removiendo el regreso del movimiento independentista catalán o recuperando a la desaparecida ETA para afearle sus pactos con Bildu y ERC.
Vox mantiene su rechazo a las políticas de igualdad y al colectivo LGTBI entre bulos y falsos mantras
La campaña del que podría ser su futuro socio de gobierno no ha sido mucho mejor. Vox y Abascal ya han acostumbrado a la sociedad española a toda clase de bulos, con la mira puesta contra las personas migrantes y el fantasma de las okupaciones. No obstante, no parecen generarles efectos negativos, como tampoco parece hacerlo su negacionismo sobre la violencia de género o la emergencia climática, así como su rechazo abierto al colectivo al colectivo LGTBI. Una estrategia que ya les funcionó en los comicios del 28M y con la que aspiran a ser una pieza clave para llegar a las instituciones.
Los candidatos progresistas tampoco han estado exentos de dificultades y polémicas. Sin ir más lejos, a Sánchez se le ha afeado en numerosas ocasiones sus rectificaciones sobre las posiciones que planteó en la campaña de las generales de 2019, como el indulto a los líderes independentistas presos a partir de la modificación de penas por los delitos de sedición y malversación, el escándalo de corrupción del 'caso Mediador', la no revisión de la ley mordaza o el conflicto directo con Marruecos que supuso un cambio histórico en la posición de España respecto a la independencia del pueblo saharaui.
Sánchez ha intentado protegerse reivindicando la paz social instalada en Cataluña en los últimos años, reprochando a ERC y Bildu su falta de apoyo para revisar la ley de Seguridad Ciudadana o restando importancia a la confrontación con el país vecino. Por su parte, Unidas Podemos (formación ahora incluida en la candidatura de Sumar) ha protagonizado la que quizá haya sido una de las mayores polémicas de toda la legislatura, la de los "efectos indeseados", como así denominó el ala socialista, en la ley del 'solo sí es sí', que derivó en la rebaja de penas e incluso puesta en libertad anticipada de agresores sexuales a raíz de la modificación de la horquilla de penas.
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Del mismo modo, Unidas Podemos tampoco ha salido bien parada a ojos de la opinión pública por los continuos choques internos que han mantenido en el seno de la coalición los socialistas y la formación morada en todo tipo de cuestiones, como la ley de vivienda, la ley trans o la propia reforma laboral, que salió adelante a razón del error de un diputado popular que votó sin querer a favor de que la propuesta saliera adelante en el Congreso. Unos choques que se han extendido incluso hasta el seno del propio partido, a razón del liderazgo de Yolanda Díaz, la integración de otras fuerzas en una nueva plataforma sin rastro de las siglas del partido o la no incorporación de Irene Montero en la dirección del proyecto.
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