Las grandes ballenas, cachalotes, delfines y tortugas cuentan ya con su propia área marina protegida frente a las costas españolas, un corredor de más de 46.000 kilómetros cuadrados que hará más amables sus largas migraciones hacia el área de cría y alimentación en el norte del Mediterráneo.
El Gobierno ha decretado que una larga franja de aguas de jurisdicción española -de unos 85 kilómetros de anchura media- que discurre entre las costas catalana y valenciana y la de Baleares sea altamente protegida e incluida en la Lista de Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM).
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha subrayado que España es un país "eminentemente volcado al mar" y la importancia que tiene integrar las políticas marítimas de una forma transversal. "Sin capital natural no hay posibilidad de desarrollo económico", ha señalado Hugo Morán y ha valorado la protección de este corredor como "un gran paso" que traslada además al resto de países del entorno mediterráneo un mensaje sobre la importancia de sumar esfuerzos para la protección.
En el corredor que se protege se pone fin a nuevas prospecciones y a cualquier tipo de nueva actividad extractiva de hidrocarburos y se prohíbe el uso de sistemas de investigación geológica subterránea por medio de sondas, aire comprimido, explosiones controladas o perforaciones.
Con la declaración de esta gran área, España supera el 12% de sus aguas marinas protegidas, lo que le sitúa como uno de los países europeos con mayor protección y por encima de los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, que establece que el 10% de las aguas marinas y costeras deben estar protegidas en 2020.
Hugo Morán ha incidido en la obligación que tiene la Administración de establecer mecanismos de protección que den "certeza al futuro" para que todas las actividades económicas tengan capacidad de planificación y, a su juicio, el Decreto que ha aprobado el Gobierno asegura el equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los recursos.
"Cuanto mejor sea ese equilibrio mejor para los niveles de conservación que queremos implementar, y mucho mejor también para garantizar las expectativas de futuro de las actividades vinculadas al medio", ha manifestado el secretario de Estado, quien ha insistido en que todas esas actividades, y en especial el sector pesquero, tienen ya que incorporar el concepto de "sostenibilidad" en sus explotaciones.
Morán ha destacado que una política de estas características "tiene que ser consensuada" y requiere un amplio proceso de concertación, y ha valorado el esfuerzo que hace España con esta protección y la importancia de que el país haga una apuesta "decidida" por el sector pesquero tradicional y en el ámbito del transporte de mercancías.
El corredor que se protege se extiende desde el Cabo de Creus, en Gerona, hasta el Cabo de la Nao, en el sur de Alicante, y discurre en paralelo a las costas de Ibiza, Mallorca y Menorca (a una distancia de unos 13 kilómetros) y a las costas de Cataluña y Comunidad Valenciana (a una distancia media de 38 kilómetros).
Esta área es una zona de paso migratorio para el rorcual común (el segundo más grande del planeta, superado solo por la ballena azul), pero también una zona de alimentación para una gran diversidad de diferentes cetáceos (cachalotes, delfines, ballenas calderón o zifios) y para otras especies de fauna marina, como la tortuga boba, y numerosas especies de aves y tiburones.
La protección de este Corredor supone "un hito" dentro de la conservación del medio marino, y la elaboración de su plan de gestión se abordará dentro del proyecto de conservación marina 'Life Intemares' que coordina la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica, una iniciativa cofinanciada por la Comisión Europea que está dotada con 50 millones de euros y en la que se han involucrado todas las comunidades autónomas del litoral.
El secretario de Estado ha destacado la importancia y ambición de este proyecto y la garantía que supone contar con el respaldo financiero de la Unión Europea, y lo ha enmarcado en la senda de protección y conservación de los océanos marcada por la ONU y en el llamamiento de la comunidad científica para hacer frente a los grandes desafíos del siglo XXI.
