En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a Falcones, su esposa y su hermano -que presuntamente colaboró también en el fraude fiscal- de tres delitos contra la Hacienda pública perpetrados a través del entramado societario con que cobró las ganancias por sus obras.
Para el escritor y su esposa, la Fiscalía pide nueve años de cárcel en total, así como el pago de multas que suman los 2,9 millones, mientras que para el hermano del autor solicita seis años de cárcel y 1,3 millones en sanciones económicas.
Según mantiene la Fiscalía, entre los años 2009 y 2011 los ingresos económicos de Falcones, abogado de profesión, y su esposa estuvieron constituidos en su mayor parte por los rendimientos derivados de la explotación de los derechos de autor de 'La Mano de Fátima', 'La Reina Descalza' y 'La Catedral del Mar'.
Para evitar el pago de sus obligaciones tributarias, sostiene el ministerio público, los acusados "idearon y ejecutaron un sistema" en el que fueron "asistidos" por la "imprescindible" acción del hermano del escritor, que asumió la titularidad sobre las sociedades que detentaban los derechos de autor de Ildefonso Falcones.
De esa forma, añade el fiscal, los acusados transmitieron los derechos de autor de las obras de Falcones a sociedades no radicadas en España, "con desvinculación formal respecto al matrimonio, pero controladas de facto por el mismo".
Los acusados lograban así ocultar a la Hacienda pública "la obtención de importantes rendimientos económicos, trasladando dichas rentas a países de nula o reducida tributación", sostiene el escrito de la acusación pública.
Concretamente, según la Fiscalía, en 2004 Ildefonso Falcones transmitió al Bufete Falcones -participado por él y su esposa- la totalidad de los derechos económicos sobre 'La Catedral del Mar', por un importe de 3.000 euros.
A su vez, dicha sociedad, representada por el hermano del escritor, transmitió el 80% de los derechos económicos de la obra a una sociedad dominicana que canalizaba los cobros de los rendimientos dirigidos a la mercantil irlandesa Kurmon Limited, dirigida por el hermano de Falcones.
En 2006, esta empresa firmó un contrato con Ildefonso Falcones para encargarle la elaboración de diez obras literarias, por las que el escritor percibía una retribución anual de 36.000 euros, mientras que la mercantil se quedaba el 80% de los derechos económicos de las obras, el 70% de los cuales vendió supuestamente a la sociedad dominicana.
Falcones apunta que la acusación se basa en criterios ilegales
El escritor ha atribuido a los actuarios de Hacienda que realizaron el informe y testificaron en el procedimiento la aplicación de un criterio "ilegal" a la hora de imputar los ingresos que obtuvo por los derechos de autor.
Falcones ha insistido en que la cesión de los derechos de autor no fue un negocio simulado para defraudar a Hacienda la tributación de unos ingresos que en ese momento desconocía "por completo", ya que el libro no había salido aún a la venta y no se había producido ningún rendimiento.
Pero además, sostiene el autor, el problema surge cuando se le imputa en el IRPF los rendimientos derivados de la explotación de su obra en cada ejercicio fiscal sin aplicar el criterio de devengo (el momento en el que se venden los libros con independencia de si el autor cobra entonces, los factura o no).
En lugar de eso, el escritor sostiene que Hacienda utilizó el criterio de "fecha factura" para cuantificar su deuda tributaria, un sistema que "no existe". "Es un invento. No está en la ley y por tanto es ilegal", ha insistido Falcones.
En su opinión, "la Fiscalía lo sabe" porque los propios actuarios "reconocieron que el criterio aplicado no es legal" durante la instrucción: "Y aún así, la Fiscalía sigue acusando. Sigue trabajando sobre la falsedad", ha recalcado el escritor. Así consta en los escritos que su defensa ha presentado ante el Juzgado, al que ha pedido el sobreseimiento de la causa.
