La Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del 'caso Soule', que investiga la gestión de Ángel María Villar al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tome declaración en calidad de investigados al propio expresidente Villar, al que fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al secretario general Raúl Massó por el presunto desvío de fondos de casi ocho millones de euros.
Los magistrados de la Sección Segunda estiman parcialmente el recurso interpuesto por La Liga, que recurrió el auto del juez instructor Alejandro Abascal en el que acordaba prorrogar tres meses la investigación y rechazó la solicitud de citarles como investigados, entre otras razones, porque ya habían declarado como testigos.
En cambio, la Sala ha desestimado la otra petición de La Liga para que se tenga como investigada a la RFEF. El Tribunal explica que esta diligencia deberá estudiarse a la espera del resultado de las declaraciones de los tres citados anteriormente.
El objetivo, indica la resolución, es verificar si hay indicios de la posible responsabilidad penal y si esos indicios son imputables a las personas cuya declaración solicita La Liga.
En su escrito, La Liga denunciaba que de las diligencias practicadas se deduce la existencia de pagos ajenos a los fines convencionales para los que la La Liga aportaba a la RFEF los fondos estipulados.
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Los informes periciales practicados en las actuaciones, según el fiscal, concluyen que las aportaciones realizadas por la La Liga correspondientes a los honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en la suma de 7.999.013,18 euros, una diferencia que no se encuentra justificada. "Y de lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el Presidente como el Secretario Técnico del CTA", concluye el Ministerio Público.
