Este fin de semana se vivió una de las acciones más bochornosas que se pueden dar en un campo de fútbol. En pleno partido de la liga mexicana, el árbitro Fernando Hernández después de señalar una amarilla, dio un rodillazo a un futbolista en sus partes más íntimas.

Los hechos ocurrieron en el estadio Azteca en el partido que enfrentaba al Club América y León en la competición Clausura de la Liga MX.

Todo derivó de una mano, que no señaló el colegiado en el empate entre ambos equipos (2-2). Después de la agresión todos los presentes en el terreno de juego perdieron el control y se desató una tangana.

El futbolista agredido fue Lucas Romero, de León, que no se quiso declarar tras lo sucedido. En las imágenes se aprecia que el jugador previamente buscó el contacto con el colegiado, por lo que también ha sido objeto de muchas críticas.

El auxiliar técnico del equipo de León manifestó en rueda de prensa que no sabe cómo se procederá tras lo ocurrido. Y el presidente sonrió ante los medios cuando se le preguntó por lo sucedido.

¿Qué sanción podría caerle?

Según el capítulo 4 de Infracciones cometidas por el cuerpo arbitral en México, el artículo 30 indica que "incurrir en cualquier tipo de conducta violenta con los jugadores, integrantes de los Cuerpos Técnicos, Oficiales, con el personal autorizado para permanecer en el terreno de juego y/o con el público".

Podría ocasionar una sanción de 1 a 15 partidos además de una multa de 90 a 500 UMAs.

Sin embargo, el colegiado ya contaba con antecedentes, lo que hace que su carrera pueda haber terminado. En 2017 ya fue suspendido un año por propinar un cabezazo al jugador Pablo Aguilar. Por aquel entones, también se le sancionó al jugador y eso derivó en una huelga entre los árbitros.

Estas son las dos acciones:

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Caso Negreira

El fiscal pide al juez prorrogar otros seis meses la instrucción del caso Negreira

El fiscal Ricardo Sanz-Gadea ha presentado un escrito solicitando que se amplíe seis meses más la prórroga para continuar la instrucción y que se realicen las diligencias que habían pedido y todavía no se habían realizado.