Los 7,5 millones de euros que pagó el FC Barcelona durante 17 años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), constituyen delito.
Así lo argumenta Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, que ha imputado al conjunto azulgrana por cohecho, tal y como informa 'El Debate' y ha podido confirmar 'laSexta'.
También han sido imputados Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, José María Enríquez Negreira y su hijo por recibir dinero por cumplir con su función publica.
Según el auto al que ha tenido acceso 'laSexta', a Negreira se le atribuye "un delito continuado de cohecho pasivo en concepto de autor".
A su hijo, Javier Enríquez Romero, uno de "delito continuado de cohecho pasivo en concepto de cooperador necesario".
"Respecto a la persona jurídica del FC Barcelona y a los directivos del citado club investigados se les atribuye un delito continuado de cohecho activo", añade.
Los pagos se prolongaron aproximadamente durante unos 18 años, fueron incrementándose desde los 70.000 euros iniciales hasta los 700.000 euros anuales.
El FC Barcelona cesó en el pago tan pronto como Negreira terminó como vicepresidente del CTA. Por deducción lógica, los pagos realizados por el club blaugrana satisfacían los intereses del club en atención a su duración y al incremento anual.
¿Por qué se les considera funcionarios?
"Se considerará funcionario público a todo aquel que por disposición inmediata de la Ley, por elección, o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas", reza la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Se considera delito que el FC Barcelona pagase al que fuera número 2 de los árbitros "en atención al cargo que desempeñaba" en aquel momento y la influencia que podía tener.
"El delito está consumado al haberse realizado el pago independientemente de que se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos", añade el magistrado.
La RFEF, un organismo de derecho público
El juez afirma que la RFEF debe ser considerada un organismo de derecho público porque es una entidad creada para satisfacer necesidades de interés general, porque está dotada de personalidad jurídica propia y porque está supervisada por una autoridad pública, el Consejo Superior de Deportes (dependiente a su vez del Ministerio de Cultura y Deportes).
Además, Negreira tenía la condición de funcionario público a efectos penales dado que desempeñaba funciones públicas como vicepresidente del CTA, entre otras las relativas a las calificaciones de los árbitros y a los ascensos y descensos de árbitros.
De hecho, Aguirre recuerda que una vez que fue cesado como vicepresidente del CTA, Negreira amenazó al Barça de Bartomeu con una carta en la que decía que "si no le seguían pagando revelaría una serie de hechos que podrían perjudicar gravemente al club".
"De esto se desprende que Enríquez Negreira tenía consciencia de que se habían producido actos ilícitos en favor del Barçade bastante gravedad", concluye el magistrado.
¿Y Laporta?
A pesar de que durante su primera etapa al frente del FC Barcelona se continuaran los pagos a Enríquez Negreira como vicepresidente del CTA, estos hechos ya han prescrito y solo se están investigando los realizados de 2014 a 2019, época que involucra a los expresidentes Sandro Rossell y Josep María Bartomeu.
Registros en la sede del CTA
Pocos minutos antes de conocerse la imputación del FC Barcelona por cohecho, la Guardia Civil ha accedido a la sede del CTA en la RFEF para registrar, buscar e incautar documentación relacionada con Negreira.
