La Guardia Civil y la Agencia Tributaria están investigando un entramado societario que se dedicaba a la compra de derechos de futbolistas y a la financiación de fichajes y clubes españoles con dificultades en el ámbito económico.

Esta operación, denominada Dean, centra con sus pesquisas en el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited e investiga a Nelio Freire Lucas, su administrador, por un delito contra la Hacienda Pública, según fuentes de EFE.

También se investiga por este delito y otro de blanqueo de capitales a los exfutbolistas Mariano Aguilar y Juan Manuel López, así como a la pareja de este Rocío del Carmen Sánchez y al hermano de Aguilar. Ambos son representantes de jugadores y que se dedican a la compra de derechos de jugadores.

Los seis están acusados de no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes. Por lo tanto, están citados a declarar como investigados este jueves y viernes ante el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) junto con el personal de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria son los encargados de desarrollar diversas actuaciones en Madrid, Alicante, Valencia, Asturias, Sevilla, Cádiz, Granada, Murcia y Baleares, según informa la Dirección General de la Guardia Civil.

Los registros están dirigidos por el Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional después de que a principios de 2018 comenzaran las investigaciones sobre las operaciones de un fondo de inversión constituido en 2011 en Malta.

Este fondo, actualmente clausurado, llevaba a cabo actividades que consistían en la compra de derechos económicos de jugadores de fútbol con mucha proyección, persiguiendo lograr plusvalías con sus traspasos a terceros equipos.

Además, se financiaron fichajes y se facilitó liquidez a clubes de fútbol españoles con dificultades económicas, todo bajo el asesoramiento de un bufete de abogados.

Los acuerdos con los clubes de fútbol españoles parecen haber sido negociados en España por dos representantes, Juanma López y Mariano Aguilar, quienes podrían haber simulado su residencia fiscal fuera del país para no declarar a Hacienda los beneficios obtenidos, según informan los investigadores.

Para detectar este fraude se ha empleado una compleja estructura societaria que habría permitido ocultar los beneficios de los préstamos y la venta de los derechos económicos de los jugadores de fútbol, cifrándose la cantidad defraudada a la Hacienda Pública Española en más de cinco millones de euros.

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