La Fiscalía de Madrid solicita once años de cárcel para una funcionaria de la Agencia Tributaria por estafar más de seis millones de euros a varios futbolistas al quedarse entre 2015 y 2016 con las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se acusa a cuatro personas, entre ellas a la funcionaria de la Agencia Tributaria Leonor Sánchez-Caballero Pérez. Los otros tres procesados son Julio Lapausa Verdial, Manuel Val Jiménez y Juan Ignacio Torrontegui Salazar.
Se enfrentan a penas de nueve y once años de cárcel. Se les imputa un delito continuado de estafa; un delito continuado de falsedad en documento público, oficial y mercantil; un delito continuado de aprovechamiento de información privilegiada obtenida de un funcionario público y un delito continuado de utilización por funcionario público, por razón de su cargo, de información privilegiada.
En el caso de la funcionaria, se le reclama una multa de 18.310.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, de un año privativo de libertad, e inhabilitación especial para empleo o cargo publico y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 5 años.
De igual modo, el fiscal solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la Hacienda Pública en la cantidad de 6.138.797, 86 euros.
El fiscal relata que los acusados se pusieron "de común acuerdo tanto en la acción como en el propósito de enriquecerse y utilizando para ello las sociedades Asesores Deportivos Lapver S.L. y Star Athletes Society S.L.".
Entre los afectados, según consta en el escrito de acusación, hay exfutbolistas del Real Madrid, del Atlético de Madrid, del Getafe, del Valencia y del MallorcaCF, entre otros.
De este modo, procedieron, entre el 23 de febrero de 2015 y el 28 de noviembre de 2016, a solicitar a la Agencia Tributaria devoluciones de diversas cantidades económicas, "a la que podían tener derecho varios jugadores de fútbol y baloncesto que habían militado en equipos españoles en años anteriores".
Los jugadores "no tenían conocimiento, correspondientes a la diferencia existente entre las retenciones de IRPF soportadas por estos jugadores, como sujetos pasivos, en sus declaraciones tributarias efectuadas como residentes en España y las cuotas que realmente les correspondía ingresar como sujetos pasivos no residentes (IRNR)".
Los acusados, según expone el fiscal, adjuntaban junto con la autoliquidación, en algunos casos, "certificados de residencia, justificantes de las retenciones efectuadas por los clubes en los que habían militado, justificante acreditativo de la identificación y titularidad de la cuenta de devolución y acreditación de larepresentación legal del contribuyente para recibir la devolución".
La Fiscalía sostiene que se trataba de documentos todos ellos elaborados por los acusados y que no habían sido emitidos por las personas autorizadas.
Los acusados obtuvieron "un beneficio patrimonial indebido de la Hacienda Pública, mediante transferencias de la AEAT a sus cuentas particulares por las que se apropiaron de devoluciones no solicitadas por quienes legítimamente podrían haberlas reclamado.
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"Esas cantidades apropiadas indebidamente suponen un total de 6.281.078,86 euros (6.138.797,86 + 142.281 euros), suma de las transferencias detalladas, abonadas a cinco cuentas que nada tenían que ver con los presuntos perceptores de esas devoluciones", señala el escrito fiscal.
