Las comparecencias de los seis detenidos por presuntos amaños en partidos de Primera y Segunda División del fútbol español se han saldado con la puesta en libertad, con distintos cargos por diversos delitos de corrupción, blanqueo, estafa y organización criminal y el pago de fianzas que van de los 50.000 a 100.000 euros.
El fiscal sólo ha pedido prisión provisional eludible con fianza de 100.000 euros, que ha ratificado el juez, para los dos últimos comparecientes, los exjugadores Raúl Bravo y Carlos Aranda, a quienes los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Violentos (UDEV) considera los cabecillas de la supuesta organización criminal.
Ambos investigados se han negado a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Huesca, que investiga los hechos, Ángel de Pedro, al considerar que la situación de secreto de sumario que pesa sobre la causa perjudicaba su derecho a una defensa efectiva.
A lo largo de la mañana y de la tarde ha salido en libertad con cargos por corrupción y cooperación en estafa el presidente de la Sociedad Deportiva Huesca, Agustín Lasaosa, con el compromiso de pago de una fianza de 50.000 euros, retirada del pasaporte y obligatoriedad de presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.
Previamente, ha sido puesto en libertad con cargos por un presunto delito de corrupción el jefe de los servicios médicos del club, Juan Carlos Galindo, con la obligación también de presentarse cada quince días en el juzgado mientras dure la instrucción del caso.
Tanto el letrado del presidente del club, José María Fuster, como el del jefe médico, Bernardo del Rosal, han confirmado los cargos imputados a sus respectivos clientes, quienes, según han afirmado los abogados, han defendido su inocencia así como no haber recibido beneficios por apuestas en partidos amañados.
El primero de los jugadores en declarar ha sido el ex del Valladolid Borja Férnandez, quien ha salido una hora después en libertad con cargos por presunta corrupción y cooperación en estafa, tras el compromiso de pago de una fianza de 50.000 euros. Su letrado, Joan Castelló, ha explicado que su cliente se ha mostrado "sereno y entero" a lo largo de todo el interrogatorio para defender su no implicación en la presunta trama criminal.
Más tarde ha declarado el jugador de la Sociedad Deportiva La Coruña Íñigo López, quien ha sido puesto en libertad con cargos por corrupción y cooperación en estafa y organización criminal, con una fianza de 75.000 euros y las mismas medidas cautelares que los anteriores investigados.
Su abogado, Juan Pablo Lerena, ha explicado que su cliente se había mostrado "sereno", aunque cansado tras permanecer detenido desde la mañana del martes pasado en distintos calabozos. Este letrado se ha referido a la existencia, según los investigadores de la UDEV, de tres niveles de implicación en los hechos denunciados, desde el menor grado de presunta participación de Lasaosa, Galindo y Borja Fernández, al medio de su cliente, y al mayor de Raúl Bravo y Carlos Aranda, los supuestos cabecillas.
Ha explicado que los jugadores del equipo oscense pudieron salir "relajados" al partido que motivó la denuncia, el Huesca-Nástic de 2018, pero ha advertido de que en esos momentos el club local estaba ya ascendido, el visitante corría el riesgo de bajar y su cliente, que en esos momentos jugaba con el equipo local, ni siquiera estuvo convocado.
Tras la negativa de los dos presuntos cabecillas a declarar, el fiscal jefe de Huesca, Juan Baratech, ha comparecido ante los medios para confirmar los presuntos delitos imputados y las medidas cautelares solicitadas, aunque sin precisar los nombres y los delitos imputados a cada uno de ellos.
Sí que ha admitido que la investigación se inició a partir de una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional relativa al presunto amaño del partido Huesca-Nástic, que generó unas apuestas en torno a 1,2 millones de euros, diez veces más que las habituales para un partido de Segunda División.
El fiscal ha explicado que la investigación llevada a cabo en torno a la "trama principal", de acuerdo con el atestado elaborado por la UDEV, había permitido llegar a ramificaciones delicuenciales relacionadas.
Las pruebas obtenidas por la fiscalía, en primera instancia, y posteriormente por el juzgado instructor encargado del caso, tanto escuchas telefónicas, como registros y análisis de cuentas bancarias, derivaron en la detención de los investigados. En las próximas semanas el juez acordará nuevas pruebas para continuar con la instrucción de un caso sobre el que pesa todavía la declaración de secreto de sumario.
