Tras la imputación en los últimos días de la esposa de Negreira, Ana Paula Rufas López, por haber recibido "supuestamente no justificados" casi tres millones de euros -en concreto, 2.826.543,27- este viernes se conocen más novedades sobre la investigación al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. El juez Joaquín Aguirre, que lleva la causa, ha solicitado información sobre diez cuentas bancarias, de las que seis pertenecerían a la secretaria del exárbitro, Concepción Díaz Herbella, y cuatro a José Martínez Alfonso, íntimo amigo y juez de línea del principal investigado.
Según la instrucción judicial a la que ha tenido acceso laSexta, los dos trabajaban en las empresas de Negreira y ambos sacaban en efectivo el dinero de las cuentas de Dasnil 95 y Nilsad, sociedades que a su vez se nutrían de las aportaciones del FC Barcelona. Además, el escrito asegura que la Guardia Civil ha detectado que el club de fútbol "efectuó ciertos pagos directos (...) en una cuenta en la que José María Enriquez Negreira figura como autorizado y Concepción Díaz Herbella [su secretaria] como titular".
Tal y como se recoge en el nuevo auto y a raíz de un nuevo informe de la Guardia Civil, en la cuenta bancaria mencionada se observan transferencias realizadas entre los años 2005 y 2006 por un total de 35.555,87 euros. Cantidad que aparece desglosada en cuatro facturas. El primer y último pago de casi 11.852 euros cada uno corresponden al 25 de octubre de 2005 -11.851,96- y al 3 de febrero de 2006 -11.851,95-. Mientras que los otros dos -5.925,98 cada uno- se abonan el 16 de noviembre de 2005 y el 12 de enero de 2006.
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De esta manera, el juez Aguirre continúa con la causa que sigue la pista de 7,5 millones que recibieron al exárbitro y su hijo entre 2001 y 2019 por parte del FC Barcelona con el único objetivo de "alterar la competición deportiva nacional (La Liga o Copa del Rey)". Así, el magistrado mantiene su tesis y califica de "excusa" la justificación dada por el equipo de fúbtol a estos pagos. Desde el club catalán se sostenía que ese dinero correspondía a la emsión de unos supuestos informes sobre actuaciones arbitrales que "no existieron realmente".
