Una investigación llevada a cabo por el Grupo IV de extranjería de la Policía Nacional ha terminado con una red de boxeo ilegal. Entre los detenidos se encuentran Jorge Sánchez, el actual presidente de la Federación balear de boxeo, y su padre Manuel, el vicepresidente.
Ambos están acusados de cometer varios delitos, entre ellos, favorecer la inmigración ilegal.
Según 'Última Hora', la operación comenzó hace varios meses con una denuncia que interpuso la Federación Española de Boxeo.
Las autoridades detectaron una serie de irregularidades con las nacionalidades de los competidores. Un gran número de boxeadores venía con destino de Nicaragua, Honduras y El Salvador, además de otros países de origen latino.
Cuando los peleadores se alojaban en el territorio peninsular, rápidamente la Federación Balear se les otorgaba una licencia deportiva que les permitía competir. Por lo tanto, no era necesario que los competidores tuvieran papeles para poder disponer de una ficha oficial.
No había garantías sanitarias
Por si fuera poco, los peleadores no pasaban por un previo reconocimiento médico, disponían de combates por todo el país y participaban en torneos europeos. En la federación balear pasaban por alto pruebas de electrocardiogramas, resonancias craneales, y las revisiones después de las peleas.
Ante estas irregularidades, la Unidad Central de redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) lo consideran "un delito de favorecimiento a la inmigración regular".
En consecuencia, también se investigan las subvenciones que recibía la Federación por parte del Estado.
Varios árbitros, boxeadores, técnicos y directivos tuvieron que declarar ante la policía el pasado 25 de febrero. En aquel día los agentes de la UCRIF interceptaronuna velada de boxeo amateur en Felanitix, obligando a que se suspendiese.
Son varios los testigos que afirman que era habitual traer peleadores "paquetes" para que los contrincantes sumaran victorias en su casillero y pudieran acceder con una buena estadística a los grandes campeonatos.
Mientras tanto, los detenidos no han querido prestar declaración y se pondrán a disposición judicial.
