La jueza ha decidido aplazar la declaración de Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, atendiendo la petición del PSOE y de Más Madrid. A través de un escrito, la acusación pedía que se practiquen más diligencias porque no han podido revisar toda la documentación de la causa y creen que hay indicios de que González Amador podría haber cometido más delitos, como el blanqueo de capitales.
En un comunicado tras saltar la noticia a los medios, el PSOE de Madrid detallaba que "el equipo jurídico del PSOE ha solicitado que se suspendan las declaraciones previstas para el 24 de junio de 2024 para para poder tener una adecuada instrucción de todos los documentos que conforma el procedimiento. El volumen de los archivos de esta causa entregados a esta parte el pasado 12 de junio ha hecho imposible el análisis documental completo".
El escrito defiende que los delitos fiscales contra González Amador serían del tipo agravado por la existencia de una organización y la utilización de toda una ingeniería contable, mediante la utilización de personas físicas o jurídicas interpuestas, algunas de las cuales radicadas en el extranjero, para cometer estos delitos, así como la comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable.
Más Madrid, que también ejerce la acusacion popular, también ha pedido que la declaración se aplace. Coinciden en que hay indicios de más delitos que requieren más tiempo de investigación y estudio. Se refieren a la ampliación del delito fiscal, la falsedad documental y el delito contable.
El novio de Ayuso estaba citado a declarar este lunes en los juzgados de Plaza de Castilla en calidad de investigado por la presunta comisión de dos delitos de fraude tributario y un delito de falsedad en documento mercantil. En el aire estaba si es posible alcanzar un acuerdo con el Ministerio Público que evite la pena de prisión.
En esta causa se investigan supuestas irregularidades en el Impuesto de Sociedades correspondiente a los años 2020 y 2021, en los que presuntamente se habrían defraudado más de 352.000 euros a través de la aportación de varias facturas que no se corresponderían con servicios realmente prestados.
Mientras se dirime en los juzgados esta declaración, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco José Goyena instruye la querella que González Amador presentó contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal del caso Julián Salto, por un delito de revelación de secretos relacionada con la el comunicado de prensa difundido por la Fiscalía de Madrid en la que el ministerio público desmentía haber ofrecido un pacto al abogado del empresario, cuando era el letrado el que había pedido el acuerdo.
