La Comunidad de Madrid, capitaneada por Isabel Díaz Ayuso, está tramitando una ley que bajará los impuestos a los extranjeros ricos que inviertan en la región. El Gobierno madrileño dio luz verde a la ley el pasado 15 de febrero, con todos los partidos de la Asamblea de Madrid en contra. Pero al tener la mayoría absoluta, la norma salió adelante y se espera su aprobación definitiva en las próximas semanas.
La iniciativa va dirigida a las personas que lleven al menos cinco años viviendo fuera de España y quieran invertir y trasladen su residencia fiscal a la región, según explicó en su momento el Gobierno de Ayuso.
Los ricos que se instalen en Madrid podrán deducirse hasta un 20% del total, "ya sea en activos financieros como inmobiliarios". "Estos últimos deberán estar radicados en la Comunidad de Madrid mientras que el resto podrá localizarse en cualquier lugar, exceptuando los considerados paraísos fiscales", recuerda la Comunidad.
La dedicación del 20% beneficiará a las personas que ganen más de 300.000 euros al año porque pasarán de pagar el 45% de sus ingresos en la renta para pagar únicamente un 24,5%. Es decir, por ahora y antes de que entre en vigor la ley, estas rentas pagaban 24,5% del impuesto correspondiente al tramo nacional y el 20,5% del autonómico y sumaban en total un 45% de sus ingresos. Con la reducción pasarán a pagar únicamente un 24,5%. Esta cifra es un poco más alta que la que pagaría alguien que cobra 20.000 euros al año (1.300 euros netos al mes).
Esta iniciativa es exclusiva de Madrid ya que en otras comunidades no se aplican estas deducciones y los ricos pagan más impuestos. La Comunidad de Madrid ya explicó en una nota de prensa que "una persona que invierta un millón de euros se podrá deducir el 20% del total si su cuota de IRPF para ese año es igual o superior". "Si no es así, lo que no se pueda aplicar ese año se repartirá en los cinco siguientes ejercicios", recogía.
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Según las estimaciones de la Comunidad de Madrid tendrá unos efectos positivos en la economía regional. Así, por cada 1.000 millones se generarían casi 13.000 puestos de trabajo y 886 millones más al PIB autonómico. Esto supone más cotizaciones, más consumo y, por tanto, mayores ingresos vía impuestos, en concreto, se estima que cerca de 125 millones de euros.
