Según fuentes jurídicas, la sección cuarta de la sala de lo Penal considera que los 11,4 millones percibidos por Benjumea y los 4,5 millones que recibió el que fuera consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, no incurrieron en ilegalidad alguna.

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Razón por la que también rechaza adoptar cualquier medida contra los tres miembros del Comité de Nombramientos y Retribuciones acusados, Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles, para quienes la Fiscalía pedía cuatro años de prisión como colaboradores.