El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará el diseño, implantación, emisión, comercialización y gestión de las preferentes tras admitir a trámite una querella presentada por Unión, Progreso y Democracia (UPyD) contra cargos directivos de Caja Madrid, Bancaja y Bankia.
Según especifica en un auto, el magistrado investigará por la presunta comisión delitos de estafa, estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar el precio de las cosas a los responsables de los folletos de las emisiones de participaciones preferentes de Caja Madrid Finance Preferred S.A., Carlos Stilianopoulus; de Caja Madrid, Fernando Cuesta y Carlos Contreras; de Bancaja Eurocapital Finance, Aurelio Izquierdo; y de Bancaja, José Fernando García. Especifica que la admisión a trámite de la querella "no constituye aún un acto de imputación".
No obstante, ha rechazado incluir en la investigación, como solicitaba la formación querellante, al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez y al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura, por la presunta comisión por su parte de un delito de encubrimiento. Al considerar que este tipo penal "difícilmente es encuadrable" en las conductas que llevaron a cabo, respectivamente, como gobernador del Banco de España y presidente de la CNMV.
"En el propio escrito de querella se advierte y enumeran los informes, advertencias y recomendaciones que ambos organismos fueron realizando en el ámbito de sus competencias sobre el particular que nos ocupa", señala el juez antes de añadir que "no procede" admitir la querella interpuesta contra los mismos al configurarse "ni siquiera de forma indiciaria" su participación en la comisión de los hechos investigados.
Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción le informara el pasado 31 de mayo que el lanzamiento y la venta de preferentes no constituye delito ni se puede determinar que hubiera "un plan preconcebido" para su gestión y diseño. "Nos encontramos con un producto que en sí mismo no puede considerarse fraudulento y que, a la fecha de su comercialización, se encontraba autorizado y regulado por la CNMV", señalaba el Ministerio Fiscal en cuatro escritos presentados al juez.
El magistrado basa su decisión, tomada contra el criterio fiscal, en que los delitos que se investigarán son competencia de la Audiencia Nacional ya que "las participaciones preferentes fueron adquiridas por una multiplicidad de personas que resultaron perjudicadas en su inversión habiendo perdido todo o parte del dinero que destinaron a la adquisión del producto".
Indica que establecerá en la instrucción si los cinco directivos investigados tenían, antes de producir "el engaño denunciado" el propósito "de no cumplir con las condiciones anunciadas" ya fuera por su voluntad o por otro tipo de imposibilidad.
"No se trata de que el producto financiero fuera legal, que lo era, sino que si su comercialización y negociacióm se ocultó la verdadera situación de las entidades participadas por los preferentistas y el verdadero riesgo en que se incurría al invertir en dichos productos".
El auto recuerda que nos encontramos en la fase inicial de la investigación y que "de verificarse en fase de instrucción indicios racionales sobre la comisión de los hechos que son objeto de denuncia, no puede descartarse su relevancia penal y aún menos sin haberse efectuado un mínimo de actividad de instrucción sumarial".
IMPUTA A LOS ENCARGADOS DE SU COMERCIALIZACIÓN