A partir de 2025, todos los ayuntamientos de España estarán obligados por ley a incrementar la tasa de basuras, una medida que busca penalizar a los ciudadanos que generen más residuos. Esta obligación surge de una directiva europea que exige a los Estados miembros que promuevan un reciclaje más eficiente y reduzcan el impacto ambiental de los residuos sólidos urbanos. De medida, se espera que esta tasa aumente un 150%, ya que actualmente los ciudadanos solo pagan alrededor del 40% del coste total del servicio.
El Ayuntamiento de Oviedo ha sido el primero en aplicar la subida, con un incremento del 80%, según anunció José Ramón Pando, concejal de servicios básicos del consistorio. "No llegamos a hacer una tasa para familias en situación de pobreza", explicó Pando, refiriéndose a la falta de medidas específicas para los hogares más vulnerables.
El impacto de la nueva tasa será notorio en todo el país. Antonio Garrido, representante de la mancomunidad Denia Vega del Guadalquivir, adelantó que desde 2023 en esa región ya han incrementado el pago de 150 a 188 euros por los costes adicionales de gestión.
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El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, criticó la medida, calificándola de "sanchazo" y "hachazo fiscal". "Es un tasazo", afirmó, aunque la realidad es que la normativa parte de una directiva europea que exige a España cumplir con sus objetivos de reciclaje y gestión de residuos. A pesar de estas críticas, la ley afectará tanto a propietarios como a inquilinos, quienes podrían ver reflejados los aumentos en el precio del alquiler.
Según el Banco de España
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