Subasta, batalla o carrera fiscal, cualquiera de estos conceptos define el escenario de políticas fiscales que están emprendiendo las comunidades autónomas en las últimas semanas para bajar los impuestos.
Las últimas en apuntarse ha sido este martes la Comunidad Valenciana y Galicia, que han decidido modificar el IRPF ya desde 2022, en un primer caso rebajándolo para las rentas menores de 60.000 euros, y en el segundo deflactándolo a las inferiores a 35.000.
La decisión de Ximo Puig de sumarse a la rebaja fiscal ha roto la línea de los gobiernos socialistas, aunque el presidente valenciano se ha querido desmarcar de las medidas del PP, insistiendo en que las suyas son "progresivas" y beneficiarán "a la mayoría social".
También otras comunidades, como Canarias, han anunciado esta semana que estudian cambios. Por ello, en la siguiente tabla resumimos cuáles han decidido bajar los impuestos y cuáles no se mueven por el momento.
Menos ruido generó la rebaja anunciada por Iñigo Urkullu (PNV), que gobierna junto al PSOE en el País Vasco. El País Vasco va a volver a deflactar, como ya hizo en julio, todos los tramos de la tarifa del IRPF, y alcanzará el 5,5% para 2023.
En otras comunidades se prepara también una rebaja fiscal. La última que se ha puesto a ello ha sido Canarias. El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, anunció este martes que el Gobierno canario "aprobará nuevos ajustes fiscales selectivos y temporales para combatir la inflación", pero asegura que no será una bajada generalizada, algo que considera "injusto".
Por su parte, el departamento de Hacienda de la Comunidad Foral de Navarra está preparando una deducción extraordinaria en el IRPF para las rentas menores de 32.000 euros al año, lo que beneficiaría al 65% de la población. Esta medida cuenta con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, que en algunos caso han pedido más medidas que hagan de escudo social.
En el caso de Aragón, el presidente Javier Lambán (PSOE) asegura que ve "razonable" revisar la fiscalidad, teniendo en cuenta el contexto de inflación y tras la pandemia, pero asegura que cualquier cambio se hará llegando a un consenso con los socios de Gobierno, según recoge el Heraldo de Aragón.
Con estas, serían ocho comunidades las que habrían anunciado rebajas fiscales. La comunidad murciana se sumó también a la rebaja del IRPF en un 4,1% en los cuatro primeros tramos autonómicos, y Castilla y León lo ha hecho en un 5,3% en el primer tramo. A lo que no se ha apuntado Castilla y León es a suprimir o rebajar el impuesto de Patrimonio.
En cualquier caso, desde Castilla-La Mancha la portavoz del Ejecutivo, Blanca Fernández, no ha cerrado la puerta a hacerlo "con bisturí" para ayudar a los hogares y no será "un mero titular de prensa o un mero maquillaje que pueda aportar votos pero nada de liquidez en las familias".
Las que bajan el impuesto de Patrimonio
Otras comunidades no pretendían tocar los impuestos, como son La Rioja, Baleares o Cantabria, aunque el efecto contagio hace cambiar el panorama por momentos. Este mismo miércoles, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que ya valoran "incidir en algún tipo de impuesto" en las rentas más bajas, aunque ha subrayado que le parece "lamentable" la "pugna" política por bajar los impuestos.
Asturias se ha mantenido hasta ahora también contraria a la bajada, si bien Adrián Barbón, presidente del Principado, ha asegurado este miércoles en Onda Cero que están estudiando "aplicar deducciones u otras medidas antinflación".
Extremadura no tiene previsto modificar la tributación. De hecho, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, criticó duramente la decisión de Andalucía de bonificar al 100% el impuesto de Patrimonio y sugirió la creación de un mínimo común para todas las comunidades.
Aunque la rebaja de impuestos está siendo la principal exigencia de parte del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, ha sido la reciente reforma fiscal de Juanma Moreno en Andalucía la que ha convertido los impuestos en el motivo de confrontación principal de las comunidades autónomas.
Moreno ha hecho suyo el modelo Ayuso, que anunció una rebaja de los impuestos en el mes de mayo, y que ya bonificaba al 100% el impuesto de Patrimonio.
Además de esta rebaja, Andalucía ha reducido un 4,3% el IRPF en los tres primeros tramos y ha aumentado también un 4,3% el mínimo exento de tributación.
Pero es el impuesto de Patrimonio el que ha agravado la batalla política. Tras Andalucía, Galicia también anunció una bonificación del 50% de este impuesto. También Murcia quiere cargarse el impuesto de Patrimonio, lo antes posible, aunque su presidente López Miras cree que aún tienen que echar cuentas.
El conseller de Hacienda catalán, Jaume Giró, reprochó que Cataluña "no se puede permitir" eliminar este impuesto porque es una comunidad que "distribuye" sus impuestos, mientras que Andalucía "es receptora".
Cataluña ha aprobado una línea de ayudas para afrontar la inflación, pero apenas ha tocado nada en materia fiscal, tan solo una deducción por hijos menores de 25 años escolarizados en colegios públicos o concertados.
El Gobierno central ha criticado las rebajas de impuestos y ha acusado al PP de hacer "dumping" fiscal, según palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que ha añadido que estas rebajas causan un "efecto dominó", pues otras acaban tomando medidas similares para no estar en desventaja.
"Política fiscal destructiva" es el término que ha utilizado Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, quien considera que estas rebajas van a llevar al país "al desastre".
