Casi 4.000 personas con discapacidad intelectual procedentes de toda España se han examinado en Madrid para acceder a 279 plazas de ordenanza de la Administración General del Estado, en lo que supone la primera convocatoria de estas características desde 2016.
Para la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), esta oferta de trabajo es "insuficiente", y su portavoz, José Manuel Couso, ha afirmado que el porcentaje de vacantes para discapacitados sobre el total de empleos públicos ofertados por la Administración tendría que ser "mucho mayor, más cercano a la realidad".
En opinión de Couso, el sector público debería fomentar en mayor medida la "reinserción social" y dar "una oportunidad real" a los discapacitados intelectuales, que incluso en el caso de superar las oposiciones sufren a menudo "problemas de adaptación".
El portavoz del CSIF ha denunciado que, una vez adjudicadas las plazas, "no hay un seguimiento" de los funcionarios con discapacidad, y ha exigido "que se produzcan las adaptaciones necesarias" para que estas personas puedan desempeñar su trabajo con normalidad.
Además, el sindicato defiende la necesidad de "adelantar la edad de jubilación" a personas con discapacidad severa y que, en estos casos, se ofrezca la posibilidad de pedir una reducción de jornada "sin merma económica".
Couso también ha lamentado que, aunque hayan pasado dos años desde la última oferta pública de empleo de este tipo, lo que achaca al "recorte presupuestario" y a la "dejadez de la Administración", no se haya ofrecido el total de plazas que habrían correspondido, en conjunto, a 2017 y 2018.
Choque ministerial
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