Dos problemas lastran el mercado laboral español según la Comisión Europea: un elevado desempleo entre los jóvenes y el abuso de contratos temporales.
El Gobierno tiene que presentar un plan de reformas antes del 30 de abril si quiere acceder a los fondos europeos, 140.000 millones para mitigar los estragos económicos de la pandemia. La Comisión Europea y el Gobierno comparten objetivo, pero coinciden menos en cómo abordar la reforma.
Robert Gutiérrez, jurista experto en derecho laboral, afirma que la mayoría de las empresas recurren al uso de contratos temporales debido a sus "necesidades de carácter permanente". Además, señala que desde Europa no se quieren eliminar "medidas de flexibilidad", como la "facilidad para tramitar despidos colectivos" o "la reducción de las indemnizaciones por despido".
Éstas son medidas que en 2012 el PP incorporó en su reforma laboral y que el actual Gobierno se había comprometido a derogar, al menos, los aspectos que considera más lesivos. Al frente de las negociaciones está la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, partidaria de cambios profundos en la legislación laboral.
La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, está más alineada con las tesis de la Comisión Europea y prefiere simplificar la legislación a derogar por completo las reformas del PP. En el último encuentro entre la ministra de Trabajo, patronal y sindicatos, ocurrido esta misma semana, solo se planteó eliminar la prioridad del convenio de la empresa sobre el colectivo en materia de salarios y una reforma de la subcontratación.
Los empresarios avisan que no habrá acuerdo si se pretende derogar la reforma laboral y los sindicatos consideran insuficiente la primera oferta del Gobierno. Ambos llevarán sus propuestas alternativas en una nueva reunión este próximo miércoles.
