Sara tiene una carrera de Ciencias Políticas y un máster en Defensa y Seguridad. Sin embargo trabaja en un punto limpio. "No puedo pagar el máster,no puedo emanciparmey no puedo trabajar en lo que yo realmente quiero", asegura.
Ella es una de las jóvenes que está sobrecualificada para el puesto que ocupa. Algo que le sucede al 56% de los trabajadores de entre 16 y 29 años que tienen una cualificación mayor de la que su empleo les exige.
"Durante la carrera he estado trabajando de camarera, de recepcionista, de cajera, cuidando niños, absolutamente de todo", cuenta.
Con un 45% de los jóvenes fuera del mercado laboral, y un 92% de contratos temporales, sólo uno de cada cinco españoles menores de 30 puede emanciparse.
"Estamos atados a compartir piso con 29 años. Muchas veces a estar con los padres o a después de un trabajo tener que volver con ellos", explica Alejandro Delgado, miembro del Consejo de la Juventud de España.
España es el sexto país europeo en el que más se tarda en marcharse de casa de los padres. Hasta pasados los 29 años, los jóvenes no se emancipan, mientras que en Suecia o Luxemburgo lo hacen a los 21 años.
"Ahora mismo mis expectativas de emanciparme son nulas. Tengo la sensación de que mi vida no va a empezar nunca", lamenta Sara.
Pese a que el paro juvenil ha bajado más de 20 puntos en los últimos cinco años, los sueldos, en muchos casos por debajo de los 1.000 euros, hacen que seis de cada diez jóvenes crean que deberán trabajar en el extranjero.
"Evidentemente tenemos una excelente formación, un excelente capital y no lo estamos aprovechando. Estamos más bien diciendo que 1.000 euros no está mal cuando sabemos que realmente está mal", afirma Alejandro.
En la última década los jóvenes españoles residentes en el extranjero se dispararon un 79%, una fuga de cerebros que acaba con el talento fuera de nuestras fronteras.
Por los efectos de la DANA
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras".