Cerca de 140.000 millones de euros españoles están escondidos en paraísos fiscales. "Hay alrededor de 40.000 millones de euros de fraude en los distintos impuestos, cuotas a la Seguridad Social y es que la mayor parte, en términos absolutos, del fraude en España se debe a grandes fortunas", comenta Carlos Cruzado, presidente de 'Gestha'.
Grandes millonarios que, según un estudio, en nuestro país se envían a territorio offshore, un capital que ronda 12% del PIB. "Es una cuantía importante que debería intentar recuperarse al ser necesario dotar de más medios a la agencia tributaria y, sobre todo, en este área de las grandes bolsas de fraude", afirma Carlos.
Más medios, porque está claro, dicen los expertos que "esta es una medida extraordinaria", pero las medidas del Gobierno no han sido suficientes. "A través de medidas excepcionales que afloren para la tributación las rentas no declaradas", afirmó Cristóbal Montoro.
Una situación que, según los datos, se repite en todo el mundo aunque con grandes desequilibrios, según el país de referencia. Se calcula que los países escandinavos son los que menos porcentaje de su capital evaden, por debajo del 5%, mientras la mayoría de la Europa continental llega a esconder hasta un 15% de su riqueza.
Liderando la lista de territorios propios para la evasión fiscal se encuentran Rusia, países del golfo y estados latinoamericanos como Venezuela y Argentina que esconden en suelo offshore hasta un 60% de su PIB. "Es un fenómeno global que hay que tocarlo desde todos los frentes, regional, nacional, Unión Europea", asegura José Luis Escario, comisión de investigación de los'Papeles de Panamá' en el parlamento.
Además, España es uno de los tres estados donde la evasión del capital provoca más desigualdad, entre el 30 y 40% de la fortuna de los más ricos, permanece oculta en paraísos fiscales.
Por los efectos de la DANA
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras".