España ha iniciado los trámites para salirse del Tratado de la Carta de la Energía (ETC), un texto había quedado anticuado en virtud de los objetivos del Acuerdo de París de 2015 para ralentizar el cambio climático.
Varios de los puntos en discusión generaban grandes recelos, en particular la protección a las inversiones en infraestructuras para combustibles fósiles y la resolución de litigios en tribunales privados de arbitraje, polémica similar a la surgida con el tratado de libre comercio firmado entre la UE y Canadá, el llamado CETA.
De hecho, la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, había pedido en el pasado "una salida coordinada del ETC" por parte de la UE y sus Estados miembros de ese marco jurídico, y finalmente ha decidido dar el paso, al igual que hizo Polonia la pasada semana.
¿Qué es el ETC?
El ETC es un tratado multilateral firmado por 53 países y en vigor desde 1998. El tratado se diseñó tras la desaparición de la URSS, en un contexto en que muchos temían invertir en los países del bloque soviético, y se concibió para promover la seguridad energética fomentando mercados más abiertos y competitivos que al mismo tiempo respeten los principios de desarrollo sostenible y soberanía sobre los recursos energéticos.
Está suscrito por los Estados miembros de la Unión Europea -salvo Italia, que lo abandonó en 2016- y países como el Reino Unido, Bosnia y Herzegovina, Japón, Armenia, Jordania, Ucrania o Tayikistán, y contempla un sistema de protección de las inversiones, trato no discriminatorio o resolución de disputas a través de mecanismos de arbitraje.
La protección que ofrece ese tratado se había utilizado en los últimos años para litigar contra los firmantes por políticas climáticas diseñadas para ir eliminando los combustibles fósiles. Varios Estados miembros de la Unión Europea (UE), como España, Países Bajos o Luxemburgo, habían solicitado que la UE abandonara ese marco jurídico, al igual que varias organizaciones ecologistas.
De hecho, su modernización se negocia desde hace cuatro años y, tras una última ronda celebrada en julio en Bruselas, quedó en un estatus en que el tratado se actualizaría automáticamente en noviembre si no se oponía formalmente ninguna de las partes.
En este sentido, Ecologistas en Acción explica en su web que el acuerdo alcanzado entonces fue calificado de "insuficiente" e "inaceptable" por las organizaciones de la campaña No a los TCI. Al mismo tiempo, aseguran que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) lo señaló como "un grave obstáculo para la mitigación del cambio climático", al proteger las inversiones extranjeras en el sector energético —sobre todo aquellas relacionadas con los combustibles fósiles— y permitir a las empresas demandar a los países ante un sistema de tribunales privados (conocido como el ISDS) si consideran que han legislado en contra de sus beneficios.
Así, la organización recoge que el texto propuesto garantiza al menos 10 años más de protección a las inversiones existentes en combustibles fósiles, mientras que algunas inversiones nuevas en gasoductos y centrales eléctricas de gas quedarían protegidas hasta 2030 ó 2040. "También amplía el ámbito de aplicación del Tratado a otras tecnologías energéticas controvertidas, como el hidrógeno o la biomasa, aumentando el riesgo de nuevas demandas", señala.
Aunque la entidad premia que la propuesta busque prohibir las demandas del sistema de tribunales privados entre países de la UE, critica que el plazo que se contemple para ello sea dentro de cinco y diez años, "los cruciales para impulsar la transición energética". Así, asegura que Francia, Alemania, Países Bajos o Bélgica podrían sumarse a la decisión de España.
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