Principio de acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales para el primer bloque de la reforma del sistema de pensiones, según ha podido saber laSexta de fuentes de UGT y CCOO.
Esta reforma, la más importante en una década, supondrá que vuelvan a revalorizarse conforme al IPC y que, además, incluirá diversas medidas para acercar la edad real de jubilación a la legal. Entre ellas, una compensación económica para quien aguante más tiempo en su trabajo.
Estas son las siete claves de una reforma que, tras meses de negociaciones, se concretará en el "Anteproyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social".
Las pensiones subirán con el IPC
Este es uno de los cambios que el Ministerio lleva trabajando más tiempo. Con esta nueva propuesta, las pensiones se revalorizarán conforme al IPC (Índice de Precios de Consumo), de tal forma que el cambio en los precios no afecte al poder adquisitivo de los pensionistas.
Ahora bien, otra novedad importante es que si, por alguna razón, los precios bajan (algo poco común, ya que tienden a subir), los pensionistas no verían alterada su pensión. Es decir, si baja el coste de la vida, esto no afectará al importe de la pensión.
En cambio, esta diferencia sí sería compensada en los años siguientes, pero solo cuando el IPC vuelva a subir a lo largo de los tres años posteriores y, en el caso de los que tengan una pensión mínima (con menos ingresos), no se verían afectados por esta compensación. Una medida que serviría "para que no haya sesgo de ganar poder adquisitivo", según el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Incentivos para retrasar la edad de jubilación
Tal y como ha descrito el propio ministro, este anteproyecto de ley tiene un objetivo muy claro: retrasar la edad efectiva de jubilación. Es decir, a diferencia de lo que ha ocurrido en reformas anteriores, en las que se proponía retrasar la edad legal para jubilarse (por ejemplo, que por ley tengas que terminar de trabajar a los 67, en lugar de a los 65), esta propuesta busca que sean los propios trabajadores quienes, de forma voluntaria, se animen a trabajar más.
Por ello, el Gobierno ha planteado los siguientes incentivos:
- La primera opción sería aplicar un porcentaje adicional de la pensión del 4% por cada año de demora. Es decir, por cada año que trabajes por encima de tu edad de jubilación —actualmente está en 66 años—, el Estado te dará un dinero extra anual. Por ejemplo, si cobras 1.000 euros de pensión, se te sumarían 40 euros.
- La segunda opción es una de las más llamativas. Esta consiste en una especie de 'cheque', por la que se podría percibir un máximo de 12.060,12 euros en un pago único si has cotizado durante más de 44 años y medio.
Penalizaciones para quien decida prejubilarse
Como explicábamos, este plan busca ante todo que los trabajadores permanezcan más tiempo en sus puestos. De este modo, al contrario de lo que ocurre con los incentivos mencionados, se plantean una serie de cambios que reducirían los beneficios de la jubilación anticipada y voluntaria.
- En primer lugar, los coeficientes reductores pasarán de ser trimestrales a mensuales. Los coeficientes reductores son cálculos que, cuanto más adelantas tu jubilación, menos dinero percibes en tu pensión. Y la cuestión es que ahora hay cambios en estos mismos porcentajes.
- Por ejemplo, si eres una persona que ha cotizado menos de 38 años y 6 meses, y decides adelantar tu jubilación dos años antes de lo previsto, podrías ver una reducción en la pensión de hasta un 21%, según se anticipe la jubilación menos o más meses (cuando el máximo actual se sitúa en un 16%).
- En cambio, si has cotizado más allá de la cifra anterior y menos de 41 años y seis meses, los nuevos coeficientes propuestos oscilarían entre el 3,11% y el 19%, frente a la horquilla del 1,9% y el 15% actual, siendo también más elevados en los extremos.
Cambian también los coeficientes de lo jubilados anticipados involuntarios
Si bien las modificaciones anteriores hacían referencia a la población que decide libremente coger la prejubilación, esta reforma también afecta a quien se prejubila de forma involuntaria. En este sentido, los coeficientes también se aplicarán por mes y no por trimestre.
Según el borrador, dichos tramos oscilarán entre un 30 % de reducción en la pensión si ocurre 4 años antes de la edad legal y se tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, hasta un 0,5 % si es un mes antes y se ha cotizado más de 44 años y 6 meses.
Para esto, el Ejecutivo también plantea un régimen transitorio de 10 años, con coeficientes distintos, para los trabajadores que cotizan por encima de la pensión máxima para "reforzar la equidad" del sistema. Quedan fuera de estos cambios los afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) en 2021 o después de esa fecha si es "consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo. Es decir, que los cambios no se aplicarían a los afectados por expedientes como los del BBVA o CaixaBank aunque el despido no sea efectivo este año.
Se elimina el factor de sostenibilidad
Otra de las claves de esta propuesta es que se deroga expresamente el factor de sostenibilidad de la reforma del PP de 2013. En ella, se penalizaba las pensiones por una mayor esperanza de vida y cuya entrada en vigor estaba suspendida hasta 2023.
Para sustituir este factor, Gobierno y agentes sociales se dan hasta el 15 de noviembre para negociar un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que operará a partir de 2027. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno regulará a su criterio el citado mecanismo para que quede definido en la nueva ley.
Se restringen las cláusulas de jubilación forzosa
Junto con eso, la reforma permitirá finalmente que los convenios colectivos incluyan la jubilación forzosa, pero solo para mayores de 68 años y con la obligación de contratar de forma indefinida y a tiempo completo a un trabajador de relevo. Los convenios que ya tengan una cláusula de este tipo podrán seguir aplicándolas "hasta tres años después de la finalización de la vigencia inicial pactada".
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