El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley para reformar la Ley de Cadena Alimentaria que, entre otras medidas, prohibirá la venta a pérdidas de los productos agrícolas, después de que el sector se haya puesto en pie de guerra para reclamar precios justos, sobre todo durante el último mes.
A falta de que el Parlamento de su visto bueno, el ministro del ramo, Luis Planas, ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo que el decreto modifica cuatro puntos de la Ley de Cadena Alimentaria. Unas medidas que incluyen la obligación de incluir los costes de producción en el precio de los contratos y el establecimiento de límites a las promociones de la distribución.
Prohibición de la venta a pérdidas
Así, cada eslabón de la cadena tendrá que pagar un precio igual o mayor al coste de producción del anterior, de tal forma que no se pueda vender a pérdidas. El coste de producción se establecerá como "elemento mínimo" de los contratos.
Publicidad engañosa
Asimismo, se prohíbe que las ofertas en el precio final al consumidor puedan "repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial" y tampoco se permitirán las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio o la imagen de los productos, cuyo precio tendrá que identificarse sin equívocos en la publicidad.
Reducción de peonadas para subsidios
Por otra parte, la medida contempla reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario en Andalucía y Extremadura y permitirá que Trabajo inspeccione también las viviendas de los temporeros.
Ventajas fiscales
Además, se bonificará la conversión de contratos temporales en fijos discontinuos y se incentivará la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria mediante ventajas fiscales.
Igualmente, el Gobierno ha modificado la Ley de inspección de Trabajo y Seguridad Social y establece que el empresario ponga a disposición del trabajador determinados lugares del descanso.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, defendió el lunes en el Congreso que este decreto ley permitirá "un refuerzo de la posición negociadora" de los agricultores y ganaderos, así como un "mayor equilibrio en la cadena alimentaria" y una "mayor transparencia en el proceso de formación de los precios".
