La regulación en el precio de los alquileres es un nuevo punto de fricción en el Gobierno de coalición. Tras tres reuniones entre PSOE y Unidas Podemos, el acuerdo parece alejarse. Mientras los socialistas abogan por no limitar los precios y apuestan por los incentivos, los sindicatos se alinean con la formación morada.
En las negociaciones para una Ley de la Vivienda, Podemos reprocha al PSOE que se niegue a limitar el precio del alquiler y les recuerda el acuerdo de coalición, que dice lo siguiente: "Se impulsarán medidas normativas necesarias para poner techo en las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas tensionadas".
Mientras que Pablo Iglesias achaca a sus socios el "incumplimiento" de estos acuerdos, José Luis Ábalos afirma que el PSOE está "absolutamente comprometido con la literalidad del acuerdo". Más de 70 organizaciones y 68 diputados presionan al ministro para que acepte regular los precios.
Y es que tres millones de españoles dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler de su vivienda, lo que supone el 41% de todos los inquilinos, según un informe de Comisiones Obreras. De este porcentaje, dos de cada tres personas estarían en riesgo de pobreza o exclusión. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, definía estos datos como "una barbaridad", proponiendo limitar el precio del alquiler en las zonas tensionadas, haciendo que nunca se pague más del 25% ó el 30% de los ingresos totales.
Los precios del alquiler han caído casi 7,5 puntos en el último año según el informe de una empresa del sector, pasando de los 885 euros de media el año pasado a los 819 en 2021. Un descenso motivado por los efectos de la pandemia en la economía.
Baleares, Cataluña, Madrid y Canarias son los territorios donde los inquilinos dedican mayor parte de sus ingresos al alquiler. De media, supone más del 35% del dinero que cada mes entra en los hogares. Pero empresarios y economistas alertan de los riesgos que a su juicio podría conllevar una limitación de precios, como la reducción de la oferta o del mercado de calidad.
Los partidarios de no limitar los precios abogan por la construcción regulada de viviendas de alquiler en suelo público.
