La excepción ibérica, la medida que permite a España y Portugal fijar un límite al precio del gas utilizado para producir electricidad, cumple esta semana un año, periodo en el que los consumidores españoles se han ahorrado 5.106 millones de euros gracias a este tope, según los últimos datos difundidos por el Gobierno en el mes de marzo ya que desde finales de febrero no se ha tenido que aplicar.

Este ahorro se explica por la diferencia de precio de la electricidad en el mercado mayorista cuando se aplica el tope ya que solo se retribuye el total del coste de la energía a la producción con ciclos combinados de gas mientras que el resto de centrales perciben el precio limitado.

En concreto, entre el 15 de junio de 2022 y el 26 de febrero de 2023, el coste medio del mercado mayorista fue de 184,05 euros por megavatio hora (MWh), coste un 17,6% inferior a los 223,29 euros a los que se hubiera elevado de no existir la excepción ibérica. En términos de factura, dicha rebaja se reduce hasta el entorno del 15%, ya que solo afecta al coste variable de la energía y no a los peajes y los impuestos.

Por ello, en esos algo más de ocho meses, el ahorro por hogar rondó los 100 euros gracias al tope al gas. Dicho tope fue de 40 euros por MWh desde el 15 de junio hasta finales de 2022. Después se incrementó a razón de cinco euros mensuales, por lo que alcanzaba los 50 euros en febrero, último mes en que se aplicó. En principio, esta medida estaba autorizada por la comisión Europea hasta el pasado mayo, cuando el tope habría alcanzado los 65 euros por MWh.

Sin embargo, Bruselas autorizó una prórroga de su aplicación hasta finales de 2023, con subidas de 1,10 euros al mes desde los 55 euros de marzo. En consecuencia, actualmente el tope se sitúa en los 58,30 euros muy lejos de los cerca de 25 euros por MWh a los que cotiza hoy en día el Mercado Ibérico del Gas (Mibgas), cuyo precio se ha reducido más de un 60% en lo que va de año.

La 'solución ibérica', fruto del acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo celebrado los días 24 y 25 de marzo de 2022, fue un hito histórico en el contexto comunitario que aporta un cortafuegos contra la volatilidad de los precios internacionales del gas derivada de la guerra en Ucrania.

Para dar su visto bueno a esta iniciativa, la comisión Europea reconoció que las economías española y portuguesa experimentaron una grave perturbación por su aislamiento energético del resto de Europa, que se incrementó tras la invasión de Ucrania. Bruselas permitió en ese momento la adopción de medidas temporales de emergencia para reducir los precios al contado del mercado de la electricidad en favor de las empresas y los consumidores, que no afecten a las condiciones comerciales en una medida contraria al interés común.

Además de con la aportación de los consumidores, el pago a las centrales de gas se financia con las rentas de congestión, obtenidas por el gestor de la red de transporte español como resultado del comercio transfronterizo de electricidad entre Francia y España.

Esta reducción beneficia a todos los consumidores de electricidad, tanto a los que tienen contratos con precios variables, indexados al pool -como el PVPC-, que lo notan inmediatamente, como a los que tienen contratos con precios fijos, que lo perciben si los renuevan o los cambian durante la vigencia del mecanismo.

Únicamente los consumidores con contratos a precios fijos a largo plazo que venzan después del periodo de aplicación de la medida no se verán beneficiados pero tampoco contribuyen al pago de la retribución adicional de los ciclos combinados.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey

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