La constructora española Ferrovial se juega en la junta de accionistasde este jueves su futuro. Celebra una de las reuniones más tensas y decisivas desde su fundación, en 1952. La cita ha arrancado con el presidente ejecutivo, Rafael del Pino, defendiendo el traslado destacando que Estados Unidos es "el primer destino de su capital" y donde tienen los "proyectos más significativos".
"La fusión persigue objetivos económicos válidos. [...] La operación no se hace por motivos fiscales, los impuestos serán similares a los de antes de la operación", ha argumentado Del Pino. También ha destacado que la reorganización societaria "no afectará a al continuidad operativa en nuestro país". "Ferrovial no se va de España: mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas". "España ha sido nuestro país y no renunciamos a eso", ha defendido el presidente de la compañía.
Hasta llegar a este punto, el de la votación, desde el anuncio por sorpresa de la intención de marcharse de España y trasladarse a Países Bajos, su presidente ha tratado de atar los apoyos. Todo apunta a que una mayoría de accionistasvotará 'sí' y hará posible el traslado de la sede de la compañía, algo que el Ejecutivo ha estado tratando de evitar hasta el último momento.
El Ejecutivo, que expresó su rechazo desde el mismo momento en el que se conoció la decisión de la empresa, ha descartado lasrazones esgrimidas por Ferrovial para justificar su mudanza. El principal objetivo de la compañía sería el de cotizar en la bolsa estadounidense, haciéndolo desde Países Bajos.
Esta 'dual listing' (cotización simultánea), advierten desde el Ministerio de Asuntos Económicos, sería posible teniendo la sede en España. Así lo han trasladado mediante una carta al consejero delegado de la compañía, Ignacio Madridejos. En la misiva, el Ministerio afirma que Bolsas y Mercados Españoles (BME) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no ven obstáculos que impidan a la empresa cotizar en Estados Unidos sin necesidad de cambiar su sede social a Países Bajos.
"No hay obstáculos, no hacen falta cambios normativos para que puedan acceder al mercado americano desde nuestro país", reza el documento. Suman además toda una declaración de intenciones y aseguran que "tanto el Gobierno como la CNMV y BME" están comprometidos y dispuestos a "impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas".
Desde la compañía responden, también por carta, que la doble cotización es una opción "bien conocida" cuando se hace desde los Países Bajos pero no cuenta con precedentes en España. Es por eso, arguyen, que el consejo de administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa". Antes de esto, Ferrovial había aludido a otros motivos, como que buscaban en Países Bajos una mayor seguridad jurídica, mejores condiciones de financiación o aumentar la capacidad de competir en los mercados internacionales.
Sánchez, sobre Del Pino: "No es un empresario comprometido con su país"
Pero los argumentos no convencen al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El propio presidente, llegó a insinuar que Del Pino, como empresario, no estaba comprometido con España: "Creo que en España hay ejemplos extraordinariamente positivos, de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio creo que no es el caso del señor Del Pino", dijo al conocer la decisión del traslado.
Desde Moncloa atribuyeron la marcha a "motivos personales" de la familia Del Pino. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordó que "Ferrovial se acogió a varios ERTES y se salvó con dinero público". Y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, describió la salida de la compañía como fruto de la "codicia".
Del otro lado, algunos medios apuntan a que el presidente del Gobierno llevaría 44 días sin hablar con el presidente de Ferrovial. Fuentes de Moncloa a laSexta tachan estas afirmaciones de "excusas y más excusas" para descargar la responsabilidad sobre el Ejecutivo.
Señalan las mismas fuentes que tanto la ministra Nadia Calviño como con María Jesús Montero se han ofrecido como "interlocutoras válidas" en estas conversaciones.
Ninguna de estas declaraciones ha hecho virar ni un milímetro la intención de la dirección de Ferrovial. Con los cartuchos casi agotados, al Gobierno solo le queda esperar que los accionistas díscolos, los que aboguen por la marcha de nuestro país, se descuelguen de la votación. Muestran el "máximo respeto" a la decisión que tome la empresa pero dicen, las mismas fuentes de Moncloa, que al menos ahora os accionistas están informados y "saben que la doble cotización y la seguridad jurídica no son el problema".
La única manera de poder evitar la marcha
Los accionistas que voten en contra tendrán el plazo de un mes desde que el BOE publique el acuerdo de aprobación para la fusión por la que Ferrovial será absorbida por su filial holandesa Ferrovial International SE (FISE) para, si quieren, acogerse a su derecho de separación. Esto es, salir del accionariado.
De elegirlo así, Ferrovial tendría que pagarles 26 euros por acción. La empresa ya ha previsto que esto pueda ocurrir y ha fijado un máximo para estos derechos de separación de 500 millones de euros. Si los pagos que la constructora debe hacer a los accionistas que se descuelguen superan esta cifra, la empresa podría verse comprometida.
Controvertida operación
El anuncio de Ferrovial ha suscitado un acalorado debate que hace que este jueves todas las miradas estén puestas en la decisión que finalmente adopten los accionistas por mayoría.
El Gobierno, como se ha mencionado anteriormente, está en contra del traslado. Desde el partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a expresar su "disgusto" con la marcha de la empresa y a cargar contra el Ejecutivo. Afirma que "nunca un Gobierno dañó tanto la reputación del empresario español", por las presuntas "presiones" para evitar la marcha.
Sobre la operación también se ha pronunciado el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos: "Los que más se están jugando son los accionistas de la empresa, y si toman la decisión correcta o no, se verá reflejado en el valor de la empresa", ha apuntado Guindos.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, alineado con la postura del PP, sostiene que "las presiones no son la forma más adecuada", e insiste en que "hay que respetar la decisión de los accionistas de Ferrovial".
Así se reparten las acciones
El accionariado internacional es mayoritario en Ferrovial, pero la empresa fundadora sigue conservando un peso decisivo. Por un lado, el presidente ejecutivo, Rafael del Pino, dispone del 20,44% de las acciones; su hermana María el 8,2%; y el 4,15% es para su hermano Leopoldo.
Entre los fondos de inversión con participaciones significativas destaca el fondo británico TCI, que cuenta con un 7% de esos activos. Otros accionistas son Balck Rock y Lazard, con un 3% cada uno y el fondo soberano noruego, que tiene el 1,49%. Además, hay otro 50,54% que pertenece a accionistas minoritarios.
