La Fiscalía Europea (EPPO) tenía 1.117 investigaciones activas a finales de 2022, con perjuicios totales al presupuesto de la Unión Europea (UE) por fraude fiscal estimados en 14.100 millones de euros, casi la mitad de los cuales (47 %) relacionados con el IVA, según un informe publicado este miércoles.
En 2022, la Fiscalía Europea recibió y procesó 3.318 denuncias de delitos y abrió 865 investigaciones. Además, los jueces concedieron la congelación de 359,1 millones de euros en las investigaciones de la EPPO (frente a los 147,3 millones en 2021), lo que representa "más de siete veces" el presupuesto de la organización para 2022, destacó la Fiscalía Europea en su informe anual.
"Un año y medio después del inicio de nuestras actividades, no se puede ignorar el potencial de la EPPO. En 2022, hemos demostrado que la Fiscalía Europea tiene una capacidad sin precedentes para identificar y rastrear flujos financieros volátiles y arreglos legales opacos", dijo la Fiscal General Europea, Laura Kövesi.
La fiscal rumana destacó que su equipo ha demostrado en su corta vida que está "en el camino correcto, pero tenemos que hacer más", subrayó esta experta en la lucha contra la corrupción. "La EPPO está lejos de haber alcanzado todo su potencial. Si queremos que marque una diferencia duradera, necesitamos ajustes organizativos y legales", señaló Kövesi. Y apuntó, en concreto, "la revisión del Reglamento de la Fiscalía Europea y la asignación a los casos de la Fiscalía Europea de investigadores dedicados y especializados en fraude financiero en todos los Estados miembros participantes".
Más allá de la necesidad de simplificar su complejidad administrativa, la Fiscalía Europea debe poder ejercer su competencia por delitos como el contrabando en las mismas condiciones en todos los Estados miembros participantes, concretó la institución.
De lo contrario, advirtió que las organizaciones criminales tienen la posibilidad de escapar del enjuiciamiento simplemente trasladando sus actividades a otro país. Los Fiscales Europeos Delegados forman la primera línea de la Fiscalía Europea, y trabajan a nivel descentralizado en los 22 Estados miembros de la UE participantes en la EPPO, con su atención centrada en investigaciones transfronterizas complejas sobre delincuencia económica y financiera sofisticada, en particular cuando se trata de delincuencia organizada grave.
En 2022, la Fiscalía Europea tramitó la mayor parte de casos abiertos por las autoridades nacionales que le fueron trasladados, y se tramitaron todas las nuevas denuncias sobre sospechas de fraude provenientes de todas las fuentes posibles.
Así, de las 3.318 denuncias de delitos que recibieron en 2022, más de la mitad eran de particulares (58 %), lo que refleja las "grandes expectativas" de los ciudadanos hacia la Fiscalía Europea como órgano judicial de la Unión Europea, según la EPPO.
Otro dato positivo para la EPPO es que ahora hay más investigaciones sobre fraude en la UE iniciadas en los 22 Estados miembros participantes que el promedio histórico antes del establecimiento de la Fiscalía Europea, que tiene "la capacidad de identificar vínculos que habían permanecido ocultos hasta ahora".
El ejemplo más claro, dijo, es la "Operación Almirante" desarrollada en otoño pasado en la que, bajo coordinación de la EPPO, se llevaron a cabo investigaciones simultáneas en catorce Estados miembros de la UE, incluida España, en relación con un complejo esquema de fraude del IVA basado en la venta de productos electrónicos populares.
La Fiscalía Europea descubrió en esa investigación a gran escala varios grupos de delincuencia organizada responsables de fraude del IVA estimado en 2.200 millones de euros. Los cinco Estados miembros que aún no participan en la EPPO son Suecia, que ejerce este semestre la presidencia del Consejo de la UE, Polonia, Hungría, Irlanda y Dinamarca.
