El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un llamado a España para implementar "reformas fiscales estructurales" que incluyan un aumento de impuestos a los más ricos y la eliminación de subvenciones a las empresas. Este mensaje se destaca en su reciente informe sobre la región europea, donde se enfatiza la urgencia de priorizar el gasto público para lograr el ajuste fiscal necesario en el marco de las nuevas regulaciones de la Unión Europea (UE), que fueron reactivadas este año después de ser suspendidas en 2020 debido a la pandemia.
En un momento en que el debate sobre la reforma fiscal en España cobra fuerza, el FMI respalda a expertos y partidos políticos que exigen cambios para hacer el sistema tributario más progresivo y eficiente. "La gestión del ajuste fiscal necesario, al tiempo que se abordan las crecientes necesidades de gasto, requiere una priorización del gasto y reformas fiscales estructurales", señala el informe, publicado este jueves.
El organismo advierte que, para proteger la recuperación económica, el ajuste debe concentrarse en reducir gastos de bajo multiplicador fiscal, como la eliminación de subvenciones a la contratación. Asimismo, sugiere que, a largo plazo, es crucial reasignar programas de gasto para alinearlos con las prioridades actuales y mejorar la eficiencia del gasto público.
Con respecto al gasto, el FMI propone transformar las medidas de apoyo general en programas basados en necesidades, lo que liberaría recursos para reducir el déficit y financiar inversiones prioritarias, como infraestructura y capacitación laboral. Estas recomendaciones llegan en un contexto de creciente presión sobre los países europeos para reconstruir sus colchones fiscales tras el aumento de los desequilibrios presupuestarios provocado por la pandemia y la crisis inflacionaria.
El Gobierno español se ha comprometido con la Comisión Europea a llevar a cabo una reforma fiscal adicional, incluida en el Plan Fiscal y Estructural enviado a Bruselas el 15 de octubre. Este plan tiene como objetivo reducir el déficit público a lo largo de siete años, aunque los detalles específicos de la reforma aún son inciertos.
