El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado este martes la propuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, sobre que una persona con gripe o COVID pueda gestionar su propia baja médica cuando no supere los tres días, ya que se trata de una iniciativa "a golpe de titular". El empresario ha defendido que "las empresas tienen derecho a que haya un control" porque en España, argumenta, el absentismo es mucho más mayor que en otros países.
"Yo creo que hay muchos medios para resolver los temas. Eso de la autorregulación, cuando estamos viendo por otro lado que el absentismo se ha disparado, es un tema que no se resuelve con un titular simple y a la vez sin contar antes con las comunidades autónomas, que en cierta medida también tienen muchísimo que decir", ha opinado.
Garamendi se ha expresado en estos términos durante un almuerzo informativo organizado por el Club Siglo XXI, en el que ha afirmado que "lo primero que tenemos que plantear es qué pasa en la sanidad", dado que, junto a las pensiones, es el ámbito de mayor gasto público.
"Es verdad que en la pandemia, por responsabilidad, pues hubo un momento donde hubo que decir: oye, hay una situación extrema y es una causa excepcional, por tanto, se hizo lo que se hizo en un momento excepcional. Pero en estos momentos no estamos en un momento excepcional, empecemos por ahí", ha declarado el presidente de la CEOE.
Además, Garamendi ha asegurado que es incoherente que se diga que "no nos automediquemos" y en cambio que cada persona sí puede decidir si necesita una baja médica. Eso sí, ha defendido que "la mayoría de españoles son responsables" porque "si no parece que los empresarios, como digamos cualquier cosa, inmediatamente" están desconfiando.
Igualmente, el presidente de la CEOE ha subrayado que no califica la iniciativa de "ocurrencia" porque ya lo ha hecho un partido y así no le dicen que sigue los "criterios" de dicha formación, en alusión al PP. Por último, ha reprochado a Sanidad que realice este anuncio sin haber negociado la medida con las comunidades autónomas, el resto del Gobierno y los agentes sociales.
