El Gobierno y las comunidades se han comprometido a crear una comisión política, que recogerá los trabajos ya realizados por las comisiones técnicas sobre la reforma de la financiación autonómica, y en la que participarán representantes de las comunidades con rango, como mínimo, de director general.

Todos estos acuerdos se han adoptado en la primera reunión del CPFF presidida por las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y Política Territorial, Meritxell Batet, a la que no ha acudido ningún representante de Cataluña.

Montero ha explicado después en rueda de prensa los acuerdos adoptados y ha hecho hincapié en la "sensibilidad" del Gobierno de permitir que las comunidades disfruten de dos décimas de margen el próximo año y una más en 2020, ya que estas administraciones han tenido que soportar ajustes muy importantes en la época de crisis.

Con este acuerdo, las comunidades tendrán el año 2019 un objetivo de déficit del 0,3% del PIB, y no del 0,1% como estaba estimado, mientras que para el 2020 el techo será del 0,1% (y no del 0%) y para el 2021 tendrán que tener estabilidad presupuestaria. Mejoras que llegarán a todas las comunidades, ha garantizado Montero, tanto a las que tienen déficit excesivo, como a las que están a las puertas de la estabilidad o incluso a aquellas que ya tienen superávit.

Para ello, el Gobierno tiene previsto modificar la regla de gasto, de manera que los ayuntamientos y autonomías que tengan superávit puedan dedicarlo a inversiones financieramente sostenibles de manera más flexible, tanto en fondos como en el tipo de proyecto.

Ahora bien, Montero ha advertido de que esta nueva senda tiene que ser aprobada también en el Congreso y en el Senado y ha dicho que si es rechazada, se volvería a los objetivos anteriores. Las autonomías gobernadas por el PP y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla han votado en contra, junto con Canarias, mientras que a favor se han pronunciado las socialistas -incluida Cantabria, donde están coaligados con los regionalistas-, excepto la valenciana, que se ha abstenido.

Sobre la reforma de la financiación, las comunidades se han quejado por la decisión del Gobierno de no reformar el modelo en esta legislatura aduciendo falta de tiempo material. En este sentido, las comunidades gobernadas por el PP han protestado por el hecho de que el Gobierno decida dar oxígeno a las comunidades flexibilizando la meta de déficit y no con una mejor financiación.

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