El Consejo de Ministros ha acordado un límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', para los Presupuestos Generales del Estado de 2025 de 195.353 millones de euros, sin contar con los fondos europeos, y un incremento del 3,2% respecto al aprobado para 2024, año en el que finalmente no se presentaron Presupuestos Generales del Estado (PGE).

El límite de gasto alcanza los 199.171 millones si se suman los fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, una cantidad que este año disminuye a un tercio de lo presupuestado para 2024, porque pasarán a recibirse los préstamos que no computan para el gasto.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que se trata un techo prudente, compatible con las nuevas reglas fiscales europeas, pero sin desatender los servicios públicos básicos del Estado de bienestar. "Empieza hoy nuestra aprobación de los Presupuestos para 2025 que profundizarán en la consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clase medias y trabajadoras, y en el impulso al tejido productivo", ha afirmado la ministra.

El Gobierno pretende aprobar las cuentas "en tiempo y forma"

Con este paso, el Ejecutivo da el primer paso para la elaboración de los PGE de 2025, que pretende aprobar "en tiempo y forma" antes de que acabe el año, con el objetivo impulsar la economía, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas, según ha defendido Montero.

Montero ha explicado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que la cifra de 199.171 millones es "bastante similar" a la registrada en el año anterior -solo ligeramente superior-, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos Next Generation. "Los fondos europeos siguen siendo una palanca imprescindible para la transformación de nuestro modelo productivo, fundamentalmente en digitalización, transición verde o cohesión territorial", ha señalado.

Sin tener en cuenta los fondos europeos, el 'techo de gasto' se eleva en 2025 a 195.353 millones, 6.138 millones más. "Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal", ha subrayado la titular de Hacienda.

Senda fiscal

Junto con el 'techo de gasto', el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.

Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, pero el Gobierno ya se ha asegurado de que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria, como ha sucedido otros ejercicios, y para ello ha eliminado esta facultad del Senado en la Ley de Paridad que ha entrado en vigor recientemente.

De esta forma, el Ejecutivo confía en que sus habituales socios de gobierno ratifiquen los objetivos y pueda comenzar así a elaborar las cuentas públicas del año que viene, toda vez que este año están prorrogadas las de 2023.

Mayor margen fiscal para autonomías y ayuntamientos

La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. Así, las comunidades autónomas contarán con un mayor margen fiscal. El objetivo para las autonomías en 2025 queda fijado en el -0,1% frente al superávit del 0,1% que contemplaba la senda anterior. Ello implica dos décimas más de margen fiscal. Para 2026 y 2027, el límite también será del -0,1%.

Los ayuntamientos y corporaciones locales también dispondrán con una senda de estabilidad más beneficiosa. Para el año 2025 y 2026, el objetivo de estabilidad municipal será de equilibrio presupuestario, cuando la senda vigente hasta ahora contemplaba un superávit del 0,1% y del 0,2%, respectivamente.

En cuanto a la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB 2025, 20% en 2026 y 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando del 1,3% en los años 2025 y 2026 al 1,2% en 2027.

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