El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está estudiando introducir en la segunda pata de la reforma de las pensiones un recargo adicional en las cotizaciones de los salarios más altos, según ha adelantado el diario El País y han confirmado fuentes del ministerio a laSexta.
Esta medida está todavía por cuantificar y, según las mismas fuentes, no está cerrada, pues forma parte de un abanico de iniciativas encaminadas a incrementar los ingresos de la Seguridad Social que aún está en discusión tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios.
De momento, el Ministerio que dirige José Luis Escrivá ha presentado a la Comisión Europea todas las posibilidades para reforzar los ingresos del sistema que están ahora mismo sobre la mesa en el diálogo social y político, incluyendo tanto las iniciativas que son propuestas por el Gobierno como las planteadas por el resto de interlocutores, precisan fuentes del Ejecutivo.
Este recargo en las cotizaciones de los sueldos más altos que se baraja sería adicional a las propuestas ya conocidas de elevar las bases máximas de cotización un 30% en cerca de 30 años y de extender hasta 2050 la sobrecotización del 0,6% asociada al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).
Actualmente, la cuantía del salario que está por encima de la base máxima de cotización (4.495 euros en 2023) no cotiza a la Seguridad Social porque está exenta y aunque se suba la base máxima un 30% en unos 30 años habrá salarios, los más elevados, que sigan 'escapando' de cotizar en su totalidad. De ahí que se baraje la posibilidad de introducir un recargo adicional en lo que cotizan esos salarios tan altos.
La segunda parte de las reforma de pensiones (la primera acaba de celebrar su primer cumpleaños) debía haberse aprobado antes de finalizar 2022 para cumplir con el calendario comprometido con Bruselas en el Plan de Recuperación, pero las diferencias entre las partes y la polémica propuesta de ampliación del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, lo han impedido.
Escrivá aseguró hace unos días que esperaba tener lista la reforma de pensiones este mismo mes, aludiendo a la complejidad que supone que esta reforma se esté negociando en paralelo con los agentes sociales y los grupos políticos.
Esta segunda pata de la reforma aborda el destope de las bases máximas de cotización y de la pensión máxima (aunque no al mismo ritmo), una mejor cobertura de las lagunas de cotización en carreras laborales irregulares y medidas para reducir la brecha de género en pensiones. El Ministerio ha puesto también sobre la mesa una propuesta para ampliar progresivamente el periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.
Esta última propuesta ha generado polémica entre los agentes sociales y dentro del propio Gobierno, con Unidas Podemos negándose a acometer cualquier cambio que suponga una merma de las pensiones, como así asegura que ocurrirá si se amplía el periodo de cómputo. A CCOO y UGT tampoco les gusta. No la ven necesaria, alegan que no está recogida en el Pacto de Toledo y que no goza del suficiente apoyo político para su implementación. Los empresarios, por su parte, también defienden que no es una recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo y creen que lo primero sería discutirlo en dicho foro antes que en el diálogo social.
