Las idas y venidas de nuestro dinero, los datos de nuestras pequeñas cuevas del tesoro, toda esa información estará en manos del Gobierno. Los jueces no terminan de verlo claro: "Esto viola el ámbito de la privacidad de los ciudadanos", explica el juez Marcelino Sexmero.
Hasta ahora los investigadores necesitaban contar con el visto bueno judicial para acceder a las cuentas bancarias. Con el nuevo sistema los bancos estarán obligados a volcar toda la información en un fichero que controlará Moncloa y tutelará el Consejo General del Poder Judicial. Ellos vigilarán que jueces, fiscales, policía y servicios secretos hagan un buen uso de los datos. "El instrumento en sí mismo es un instrumento útil pero tiene que estar controlado por jueces y fiscales", sentencia Álvaro García Ortiz, presidente de la Unión progresista de fiscales.
El Gobierno insiste, es un registro para perseguir el fraude. Se investigarán por norma las operaciones de más de 1.000 euros cuando se dude de los intervinientes, las de más de 30.000 euros, las transferencias anuales de más de 3.000 y las donaciones por encima de 100.
Aunque hay otro pero: "El hecho de que en esta base de datos no van a estar ni las filiales de los bancos en paraísos fiscales ni otras entidades que estén allí", explica el portavoz de Facua.
A pesar del streaptease integran de las 34 millones de cuentas españolas, en el extranjero seguriá estando el agujero negro.