El Gobierno ha planteado una oferta de empleo público (OEP) para 2023 de más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un 20% más que la del año pasado, según han informado fuentes sindicales.

Función Pública y sindicatos se han reunido este lunes y han acordado la tramitación inmediata del real decreto por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2023, incluyendo tanto la provisión de plazas de acceso por turno libre como de promoción interna.

Según fuentes sindicales, CSIF y UGT han firmado el acuerdo con el Gobierno, mientras que Comisiones Obreras (CCOO) se ha negado a suscribirlo por carecer de cifras concretos y porque el documento que ha presentado el Ejecutivo "no garantiza el servicio público a la ciudadanía".

Los puntos del acuerdo

Entre los puntos del acuerdo, destaca el incremento de un 20% de las plazas ofertadas para la Administración General del Estado (AGE) respecto a 2022. El año pasado, la oferta fue de 24.600 puestos -12.339 de ingreso libre y 9.261 de promoción interna-, con lo que este año rondaría las 30.000 plazas.

El acuerdo también incluye la convocatoria de unos 2.000 plazas de urgente cobertura del Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social para el mantenimiento de una adecuada prestación de los servicios públicos, autorizadas para su desempeño por personal funcionario interino a finales de 2022, hasta su inclusión en la primera oferta de empleo público en la que resulta posible su cobertura con funcionarios de carrera.

Según han detallado desde UGT, la oferta de empleo público 2023 debe destinar a la promoción interna al menos el 30% de las plazas ofertadas para el turno libre. Las convocatorias de los procesos selectivos previstos en la oferta de empleo público para 2023 deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023, salvo causa justificada que acredite su imposibilidad.

En el caso de que el estado de ejecución de la fase de oposición de convocatorias derivadas de ofertas de empleo anteriores confluyera con la fecha anterior, se preverá la acumulación de las plazas pendientes de convocatoria, junto con las que, en su caso, se oferten en el ejercicio inmediato siguiente. Además, con carácter excepcional, y sin perjuicio del desarrollo de otras medidas que agilicen los procesos selectivos de la oferta de empleo público de acceso libre, en aquellos ámbitos en los que se considerase necesario para una adecuada prestación de los servicios, se podrá nombrar personal funcionario interino o personal laboral temporal.

CCOO no ha firmado el acuerdo

Por su parte, CCOO ha explicado en una nota de prensa que no ha firmado el acuerdo por la "falta de datos constante durante el proceso de negociación". "No se nos ha facilitado el número de bajas durante el año 2022, por lo que es imposible conocer sobre qué volumen de empleo se deben aplicar las tasas de reposición", ha señalado el sindicato.

Además, han asegurado que no "se concreta el número de puestos que incluirá en la OEP ni su desglose entre ingreso libre y promoción interna ni grupos ni cuerpos ni detalle de cuerpos generales". CCOO, por otro lado, el acuerdo "se limita a señalar que será un 20% superior a la OEP 2022 para la AGE".

Por eso, advierten de que el "incremento no es real, ya que solo obedece a que el número de bajas en 2022 creció un 20% respecto a 2021 y, por tanto, la relación entre bajas y oferta se mantiene de manera lineal". Por otro lado, afirman desde el sindicato, "no se establecen medidas dirigidas a garantizar la creación de empleo público neto, ni a fomentar la promoción interna y la carrera profesional del personal público".

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