El Gobierno sacará 3.586 millones de euros del Fondo de Reserva de las pensiones para poder afrontar el pago de la extraordinaria de diciembre, para la que también utilizará los 4.206 millones que quedan del préstamo que el Estado aprobó para la Seguridad Social.
La mayor parte de ese importe (9.678 millones) se cubrirá con la recaudación por cotizaciones del propio sistema, en tanto que el resto (7.792 millones) procederán de los recursos adiciones mencionados (fondo de reserva y préstamos del Estado).
Tras la nueva disposición, la reserva de las pensiones se quedará en 8.095 millones (precio de adquisición), que suponen un 0,73 % del PIB, con un valor de mercado muy similar (8.084 millones). Desde su creación en el año 2000 y hasta el 1 de diciembre de 2017, el Fondo de Reserva ha generado rendimientos netos que ascienden a 28.932 millones de euros de los que 173 millones se han generado en lo que va de año.
Desde que en 2012 se utilizó por primera vez este fondo, el Gobierno ya ha utilizado 70.851 millones, lo que supone casi el 90 % del total. En total en 2017 se han necesitado 17.292 millones en recursos adicionales para cubrir las dos pagas extra de verano y navidad, de los que 10.192 millones se corresponden con el préstamo transferido por el Estado, en tanto que 7.100 millones salen del Fondo de Reserva.
Fuentes del Ministerio de Empleo han explicado que esta cantidad es casi 3.000 millones inferior a la que se necesitó en 2016, año en el que se utilizaron 20.136 millones de la hucha de las pensiones. En su comunicado, el Ministerio ha recordado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se creó con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo.
Por los efectos de la DANA
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras".