Este plan, obliga a los alojamientos turísticos que compartan edificio con viviendas de uso residencial a tener un "acceso independiente".
Con esta medida, el Gobierno de Manuela Carmena busca impulsar "las medidas oportunas para garantizar que no se expulse de los barrios del centro a sus residentes habituales" y poner freno a "la actividad turística masificada".
El plan especial no afectará a las viviendas utilizadas como residencia permanente que se alquilen un máximo de tres meses al año, ya que el Gobierno municipal lo entiende como un modo de "economía colaborativa" que no constituye una actividad empresarial.