La Policía Nacional ha detenido e imputado a 612 personas e investigado a 95 empresas sin actividad real que podrían haber defraudado a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo 10,6 millones de euros. Estas empresas, existentes en Madrid, Valencia, Alicante y Murica, eran utilizadas de forma instrumental para simular negocios jurídicos y contrataciones de supuestos trabajadores.