El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha desoído a la Fiscalía Anticorrupción y ha anunciado su intención de llamar a declarar a "una muestra significativa" de los afectados que compraron cuotas participativas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que tuvo que ser rescatada en diciembre de 2011 con unas ayudas públicas de 5.249 millones de euros.
El magistrado, que se ha negado a archivar la causa en la que investiga la emisión y comercialización de participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas de la entidad, destaca la necesidad de investigar "el tipo de información real" que recibieron los compradores de este último producto y "el perfil de edad y formación" que tenían cuando las adquirieron.
En un auto hecho público este miércoles, Gómez Bermúdez destaca, además, los "claros visos defraudatorios" de una serie de preferentes y deuda subordinada que fue emitida en 2009 después de que los directivos de la entidad dirigieran una instrucción a la red de oficinas para que las colocaran "con la excusa de diversificar la inversión".
El producto, además, presentaba "fuertes minusvalías", según un informe elaborado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
"El montante de esta operación, con claros visos defraudatorios, fue de 24.535.000 euros y afectó a 1.319 clientes, por lo que sólo este hecho podría ser constitutivo de un delito de estafa", señala el juez antes de añadir que los hechos investigados también podrían constituir otros delitos.
En este sentido, apunta a la posibilidad de que las operaciones constituyan un delito de uso de información privilegiada en relación con "la compra y venta con alta rentabilidad" de este producto por parte de directivos de la entidad, que "obviamente" conocían "la situación económica-financiera real" de la entidad.
También apunta que estos hechos podrían ser constitutivos, además, de un delito de falsedad contable en documentos esenciales, falseamiento de información para captar inversores y alteración de precios.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el sobreseimiento de la causa alegando que la conducta de los directivos no tenía encaje penal y que, en todo caso, los afectados podían acudir a la vía civil para exigir la depuración de responsabilidades.
El Banco Sabadell se adhirió a esta petición apuntando que "no intervino ni en la emisión ni en la colocación de las cuotas participativas", ya que el proceso se produjo "con anterioridad" a la adquisición del Banco CAM por parte de la entidad, que en todo caso no incluyó una serie de activos y pasivos entre los que se encontraba este producto.
En junio pasado Gómez Bermúdez acordó ampliar al Banco Sabadell la responsabilidad civil subsidiaria por las cuotas participativas que comercializó la CAM, que hasta ahora afrontaba en solitario la fundación de la entidad.
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