El magistrado Antonio Serrano-Arnal atiende en un auto las peticiones tanto del exministro como de la Fiscalía Anticorrupción, partidaria de que la ONIF practique una nueva liquidación de los presuntos delitos fiscales por importe de 6,8 millones que atribuía a Rato, tras once informes y tres años de pesquisas.
Fechado el pasado 12 de abril, el documento considera "pertinente y de utilidad" para la causa que investiga el origen del patrimonio del que fuera director gerente del FMI dicha prueba, razón por la que urge a la oficina para que aporte su versión final de los hechos dada "la duración de la instrucción", que se remonta a 2015.
Al respecto, remite a los límites temporales establecidos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que en su artículo 324 contempla la posibilidad de prorrogar hasta 36 meses la práctica de diligencias en casos de notable complejidad, sea por la gran cantidad de investigados o por exigir pericias de abundante documentación.
No obstante, establece que todas las pruebas acordadas antes de que expire el plazo de los tres años serán válidas aún habiendo sido recibidas con posterioridad, con lo que la petición que realiza ahora Serrano, Arnal al fisco sería clave de cara a iniciar una nueva fase en el proceso.
