La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se encuentra analizando "en qué medida es razonable" imputar íntegramente a los primeros seis meses de 2017 los últimos resultados de Popular, correspondientes al primer semestre del pasado ejercicio, o si debían haberse imputado en ejercicios anteriores. El presidente del supervisor de los mercados ha explicado durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorros que la CNMV ha formulado varios requerimientos a la entidad con el objetivo de analizar sus últimos resultados, que reflejaron unas pérdidas de 12.218 millones de euros.
"La CNMV, tras la publicación en septiembre pasado de los resultados individuales de la entidad del primer semestre de 2017 está analizando en qué medida es razonable imputar esos resultados en su integridad a los seis primeros meses de 2017 o si, al menos en parte, debían haberse imputado a ejercicios anteriores", ha señalado Albella. Durante el último ejercicio completo de Popular como entidad independiente, el banco registró el -hasta el momento- peor resultado de su historia, con pérdidas de 3.485 millones de euros, tras provisionar 5.692 millones de euros, frente al resultado positivo de 105,43 millones de euros que registró en 2015.
Estas cuentas se hicieron públicas en febrero del pasado año, si bien dos meses después, en abril, Popular comunicó a la CNMV una reexpresión de sus cuentas. La entidad manifestó al supervisor que no reformularía las cuentas del ejercicio 2016, pero sí tenía previsto incluir las correcciones oportunas de forma retroactiva en los estados financieros del primer semestre tras una auditoría interna de la cartera de crédito y de la ampliación de capital.
Albella ha destacado que Popular envió 77 hechos relevantes a la CNMV sobre distintos temas, de los que el supervisor hizo un "seguimiento estrecho", si bien ha recordado que las sociedades cotizadas no están obligadas a comunicar mediante un hecho relevante toda la información sensible o privilegiada. Concretamente, ha explicado que la legislación europea y española permite a las entidades financieras mantener confidencialmente "informaciones que de conocerse serían relevantes para la cotización" siempre que lo hagan "de buena fe para proteger sus intereses legítimos" y concurran ciertos requisitos, como "que no haya filtraciones o quiebras de la propia confidencialidad".
