El Gobierno pedía confianza a los pensionistas con promesas de estabilidad y mejoras pero en la calle las quejas de los pensionistas son claras: es imposible llegar a fin de mes. "Tengo que salir a pedir. Si pago todo lo de la vivienda no me queda para comer" asegura una pensionista.
Algo que se podría empeorarse con la entrada en vigor la reforma de las pensiones de 2013 con dos modificaciones importantes. La primera, el índice de revalorización. Este cálculo determina la cantidad que la Seguridad Social puede subir una pensión. Sin tener en cuenta el IPC, que cada vez es más alto, se establece una subida mínima de solo un 0,25%.
Si el coste de vida aumenta pero las pensiones no, eso se traduce en la pérdida de poder progresiva de los pensionistas. Más empobrecimiento con el factor sostenibilidad. Este segundo cambio en la polémica reforma calcula cuánto cobrarán los futuros pensionistas. En 2019 lo hará además, con la esperanza de vida en el cálculo.
Si hasta ahora las pensiones eran independientes a la cantidad de pensionistas, con esta reforma la cosa cambia: para el reparto de la hucha se tendrá en cuenta el número de pensionistas que hay y la media de años que vivirán y por tanto, que cobrarán pensión, para hacer el cálculo.
Un ejemplo: alguien que cobre ahora 1.000 euros, percibiría 992 en 2019, ocho euros menos. En 2030 llegaría a percibir 72 euros menos de pensión. Más años de vida, menos retribución. Dos líneas rojas que la oposición pide modificar si el Gobierno quiere alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.
Rajoy asumía este negro panorama y pedía respeto a la oposición: "Pedirle a las fuerzas políticas que no hagan política de este asunto. Que es muy fácil decir que se suban las pensiones pero si no hay recursos estamos tomando el pelo a la gente". Ellos, que ya se sienten engañados, seguirán defendiendo sus pensiones.
Por los efectos de la DANA
Los ERTE valencianos por la DANA suman 37 más y llegan a 1.436, y los de extinción son 15
El secretario autonómico de Empleo, Antonio Galvañ, ha valorado la "agilidad del Consell a la hora de resolver administrativamente los expedientes que protegerán a 18.000 personas trabajadoras".