El Gobierno ha aprobado este martes el decreto ley por el que los 'riders' dejarán de ser considerados autónomos y pasarán a formar parte del personal contratado de las empresas de reparto.
Se trata de una medida que llega en mitad de múltiples críticas, tanto desde el lado de las empresas, que se han opuesto a la medida, como desde los sindicatos, que denuncian que el texto ha tardado dos meses en llegar al Consejo de Ministros desde que fue acordado en la mesa de diálogo social.
Es más, el retraso en los tiempos ha sido la principal traba del Ejecutivo desde que empezó a resonar el decreto. El Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, ya protagonizaba reuniones con este colectivo en junio de 2020, pero no fue hasta febrero de este año cuando Trabajo, patronal y sindicatos pactaron que los repartidores de plataformas sean asalariados.
Ahora bien, hubo que esperar hasta el 10 de marzo para que estos agentes sociales cerraran el acuerdo definitivo con el Gobierno. Y, en este caso, ya se mostraban medidas concretas: las empresas de reparto en plataformas digitales tendrían, a partir de la aprobación del decreto (que entra en vigor 3 meses después de su publicación en el BOE), un máximo de tres meses para cambiar la condición de sus empleados.
Críticas de los sindicatos, que temen despidos
Una vez ratificada la decisión, la ministra Yolanda Díaz ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos", y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues "no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto".
En este sentido, desde Trabajo, la explicación de todo el proceso, y el porqué de las demoras, se debe a que no se ha seguido una tramitación de urgencia, sino que los plazos se han ajustado a los tiempos habituales, así como a los informes preceptivos.
No obstante, desde UGT tienen otro sentir, especialmente ante el margen de tres meses que se le ha otorgado a empresas como Glovo o Deliveroo. Así, desde el sindicado critican que se ha dado el suficiente espacio a las plataformas para que "desconecten" a esos trabajadores antes de que la ley sea aprobada.
"A algunos los habrán desconectado y a otros, ofrecido contratos de una precariedad excesiva", argumenta el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, uno de los negociadores de un texto que se tardó más de medio año en lograr sacar adelante con consenso de todas las partes.
A partir de la aprobación, una vez rescindida su relación laboral con la compañía, estos 'riders' podrán conseguir que les den de alta, pero recurriendo a los Tribunales, algo que Pino considera que no ocurrirá en la mayoría de los casos ya que se trata, principalmente, de un colectivo inmigrante.
Ya no volverán a ser autónomos
Desde CCOO se limitan a señalar que desde el Ministerio de Trabajo se trasladó que estos eran los plazos que requería la tramitación. Por su parte, la intención del decreto es reconocer la presunción de laboralidad "de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital".
Es decir, todas las personas que hasta el momento se habían hecho cargo de los repartos, en su mayoría en bicicleta, pasan a ser reconocidos como trabajadores asalariados. Y la empresa pasar a ser considerada la responsable de todo el proceso, esencialmente por ser la encargada de manejas las plataformas donde se hacen dichos pedidos.
Junto con eso, también se contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial, que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.
Precisamente, Díaz ha aprovechado su intervención para anunciar la creación de un comité de expertos para asesorar al Gobierno y estudiar, con "tranquilidad", el buen uso de la inteligencia artificial y de los algoritmos en las relaciones laborales en España.
"Necesitamos el saber de los expertos para tener solvencia y claridad sobre cómo abordamos estos aspectos porque las fórmulas matemáticas deben ser neutras. Tenemos ya certezas de que existen sesgos en el desempeño de las relaciones laborales y los algoritmos ya están presentes en todas las relaciones laborales, en todas las empresas", ha concluido la titular de Trabajo.
Esto último había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de los algoritmos usados por las plataformas digitales. No obstante, la norma concluye con una disposición final única que fija su entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
