Casi 600 millones de euros en ayudas que concede el Gobierno se han quedado en el cajón. Los últimos datos que tenemos son de 2022 y ese año, entre el bono cultural, el ingreso mínimo vital y el cheque anticrisis, todo ese dinero se quedó sin repartir porque quienes podían pedirlo no se enteraron o porque los trámites eran demasiado complicados.
Se trata de anuncios de grandes cifras, un dinero con el que se pretende ayudar a los que lo necesiten pero que en algunas ocasiones no lo hacen con todo el que le pertenece. Y es que la burocracia es una de las principales causas de que parte de estas ayudas queden en el cajón.
El ejemplo más claro es el Bono Cultural Joven que el Gobierno lanzó en marzo del año pasado. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se destinaban 210 millones de euros para esta ayuda, pero solo se gastaron 114, es decir, se dejó sin ejecutar un 46%. En el caso del ingreso mínimo vital (IMV), en 2022 el Gobierno había presupuestado casi 3.000 millones, pero se acabó gastando un 15% menos.
Eva Belmonte, directora de Civio, que ha elaborado el estudio, ha explicado a laSexta Noticias que "el proceso es muy complejo" y en "la mayoría de los casos se rechaza por falta de documentación, no porque no se cumplan las condiciones". Pero no solo por la falta de documentación, también por el desconocimiento porque los trámites son "complejos".
A esto se une la falta de medios, que hace que las asociaciones ayuden a sus vecinos a solicitar las ayudas. Francis Jiménez, responsable y técnico del CAPI, señala que ellos trabajan en zonas "con una vulnerabilidad especial": "No es únicamente no sé entrar o salir, es 'no tengo internet', 'no tengo ordenador'...".
Si nos centramos en el cheque anticrisis de 200 euros que el Gobierno lanzó para paliar la situación económica, el resultado es el mismo. Millones de euros que se quedan sin ejecutar, en este caso, un 25% de lo que inicialmente estaba contemplando. En cuanto al bono eléctrico, de la estimación inicial, lo han solicitado un millón menos de personas. Unas cifras que ponen sobre la mesa el debate de la burocracia ante ayudas tan necesarias como el ingreso mínimo.
